Canarias ha registrado desde el inicio de la legislatura 200 solicitudes de calificación provisional correspondientes a 4.047 viviendas protegidas, un trámite previo al comienzo de las obras que refleja un aumento de la actividad promotora respecto a los años anteriores.
El crecimiento se concentra entre 2024, 2025 y el primer semestre de 2026, después de un periodo entre 2021 y 2023 con un número reducido de promociones. El Gobierno autonómico atribuye esta evolución a las reformas aprobadas para facilitar la construcción de vivienda pública y privada, reducir trámites y ampliar la disponibilidad de suelo.
Entre las medidas adoptadas figuran dos decretos leyes en materia de vivienda, uno de ellos convertido en ley, con cambios dirigidos a acortar los procedimientos administrativos, reforzar la seguridad jurídica y favorecer nuevas promociones protegidas y asequibles.
El Ejecutivo también ha actualizado el Módulo Básico Canario para adecuarlo al incremento de los costes de construcción y mejorar la viabilidad económica de este tipo de proyectos.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, sostuvo que las cifras muestran una reactivación del sector tras años de escasa promoción y señaló que el objetivo es aumentar la oferta disponible.
La estrategia autonómica incluye además un incremento de las viviendas públicas planificadas o en ejecución y una modificación del sistema de adjudicación.
El anterior mecanismo basado en sorteos ha sido sustituido por criterios sociales, económicos y familiares a través del Visor de Vivienda Canaria, con el propósito de priorizar a los hogares con mayor necesidad.
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