Decenas de propietarios afectados por la normativa turística de Canarias han presentado nuevos escritos ante el Registro de la Propiedad para dejar constancia de su rechazo a que sus inmuebles y las fincas matrices de sus complejos queden vinculados a un uso turístico obligatorio o a una unidad de explotación.
La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) sostiene que muchos compradores adquirieron sus apartamentos o bungalós hace décadas sin que las escrituras ni la información registral consultada antes de formalizar las operaciones recogieran esas limitaciones. Por este motivo, defiende que su incorporación posterior podría vulnerar la seguridad jurídica, la confianza legítima y los derechos de propiedad.
Según la organización, el comprador toma su decisión a partir de los datos proporcionados por el Registro y de la escritura autorizada por el notario, donde constan la titularidad, las cargas y otras posibles afecciones. La plataforma cuestiona que puedan añadirse con posterioridad restricciones que, según afirma, no figuraban cuando se adquirieron los inmuebles.
La PALT advierte además de que una eventual vinculación turística puede afectar al valor de mercado, las posibilidades de uso y la transmisión de las propiedades. “No se puede comprar una propiedad con una determinada realidad registral y descubrir años después que se pretende incorporar una limitación que no figuraba cuando se produjo la adquisición”, sostiene.
Los afectados también denuncian incidencias durante la presentación de sus escritos. Según explican, en el Registro número 1 de San Bartolomé de Tirajana se les facilitó documentación distinta a la planteada en una comparecencia anterior en el Registro número 2 y cuya firma, aseguran, pretendía asociarse a la recepción de sus solicitudes.
En este contexto, los propietarios rechazaron suscribir ese documento al considerar que podía otorgar una autorización demasiado amplia para actuaciones que no habían solicitado. Algunos consiguieron registrar sus escritos de oposición, mientras que otros, según la plataforma, no pudieron hacerlo. “No vamos a firmar un cheque en blanco sobre nuestras propiedades”, señalan.
Del mismo modo, la PALT cuestiona asimismo que se les requieran nuevas notas simples o certificaciones registrales para formular su oposición. La organización invoca el principio de rogación y reclama que se aclare qué asiento se pretende practicar, quién lo ha solicitado, mediante qué título y con qué fundamento.
La plataforma mantiene además que los terrenos afectados no fueron especializados para uso turístico en los términos que, según denuncia, pretenden aplicarse. Considera que una interpretación posterior no puede modificar las condiciones jurídicas bajo las que se adquirieron las propiedades.
Los afectados anuncian que continuarán presentando escritos y estudiarán con sus servicios jurídicos las actuaciones que puedan alterar el valor, el régimen de uso o las facultades de disposición sobre sus inmuebles.












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