El Gobierno de Canarias ha cerrado el acuerdo extrajudicial con las empresas afectadas por el largo conflicto sobre determinados terrenos turísticos, con una compensación global de 485 millones de euros y una consecuencia que afecta directamente al sur de Gran Canaria.
Las parcelas incluidas en el pacto no serán reclasificadas automáticamente como suelo rústico
El acuerdo pone fin a 25 años de litigios y afecta a terrenos situados en distintos municipios turísticos de Canarias. En San Bartolomé de Tirajana, la decisión tiene especial relevancia por los proyectos vinculados a Lopesan en el entorno de Meloneras y Pasito Blanco.
La solución alcanzada por el Ejecutivo autonómico reduce prácticamente a la mitad las cantidades que las empresas llegaron a reclamar, que rondaban los 1.000 millones de euros.
A cambio, las promotoras aceptan el acuerdo económico y las parcelas mantienen su situación urbanística, de forma que su futuro queda condicionado por el planeamiento que corresponda en cada municipio.
La medida no supone que los terrenos puedan ser edificados de forma automática. Lo que cambia es que dejan de estar abocados a una reclasificación automática como suelo rústico y conservan la posibilidad de que el planeamiento municipal determine su aprovechamiento futuro.
Lopesan es la empresa que concentra la mayor parte de la compensación pactada. El grupo recibirá 300 millones de euros dentro del acuerdo global de 485 millones, debido al volumen de proyectos afectados por el conflicto.
La compañía presentó 31 de los 45 recursos registrados contra la Administración autonómica, con reclamaciones iniciales que alcanzaban los 843 millones de euros.
La resolución del conflicto permite además desbloquear y conservar derechos sobre terrenos que permanecían condicionados desde hace años.
La sociedad mantiene tres proyectos hoteleros en marcha entre Meloneras y Pasito Blanco, dos de las principales áreas de expansión turística del municipio.
El origen del litigio se encuentra en las restricciones impuestas sobre determinados terrenos turísticos y en las posteriores reclamaciones de los propietarios.
El proceso judicial terminó reconociendo el derecho de las empresas a reclamar compensaciones.
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