La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que exigir a los propietarios de viviendas vacacionales una comunicación previa de actividad clasificada ante los ayuntamientos, además de la declaración responsable que ya deben presentar ante el Gobierno de Canarias, supone una barrera contraria a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado.
El pronunciamiento llega después de una denuncia presentada por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) en julio de 2024.
La asociación sostiene que, a partir de este informe, los propietarios que no hayan presentado la comunicación de actividad clasificada no pueden ser considerados ilegales si cuentan con la declaración responsable de inicio de actividad como vivienda vacacional.
ASCAV pide ahora a los ayuntamientos y cabildos que tengan en cuenta el criterio de la CNMC y dejen de reclamar este trámite adicional.
El conflicto afecta a uno de los requisitos más discutidos de la normativa canaria sobre viviendas vacacionales. Según ASCAV, la exigencia de la actividad clasificada ha dejado fuera de la legalidad a numerosos propietarios porque consideran que, en la práctica, resulta muy difícil cumplirla.
La situación, además, sigue pendiente de nuevos cambios normativos. La reforma aprobada recientemente por el Parlamento de Canarias concede un año a los propietarios para solicitar la actividad clasificada, mientras que el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, anunció un decreto ley que comenzará a negociarse en septiembre para aclarar esta cuestión.
ASCAV considera que esta sucesión de cambios ha generado inseguridad jurídica entre los propietarios y reclama que se aclare qué requisitos deben cumplir las viviendas vacacionales para poder operar.
La asociación también cuestiona uno de los argumentos utilizados para justificar la regulación de las viviendas vacacionales. Afirma que desde la aprobación de la Ley 6/2025 han desaparecido unas 10.000 viviendas vacacionales de las plataformas, pero que ese descenso no se ha traducido, según sus datos, en un aumento del alquiler residencial ni en una bajada de los precios.
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