La Plataforma de Afectados por la Ley Turística ha valorado de forma positiva la consulta pública anunciada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para elaborar una ordenanza que aporte mayor seguridad jurídica al uso residencial en zonas turísticas.
La organización considera que la iniciativa supone un reconocimiento de la problemática que afecta a propietarios de apartamentos y bungalós y confía en que permita aclarar el marco aplicable. Según expone, algunas familias afrontan procedimientos sancionadores con multas de 2.250 euros por residir en inmuebles adquiridos legalmente hace décadas.
La Plataforma reclama que la futura regulación respete los derechos adquiridos, evite interpretaciones retroactivas y tenga en cuenta las situaciones urbanísticas consolidadas.
También sostiene que el Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana no prohibió la compatibilidad entre los usos residencial y turístico, por lo que pide una interpretación homogénea que aporte certidumbre a propietarios y Administración.
Del mismo modo, el colectivo defiende que los afectados adquirieron viviendas con tipología de apartamento o bungalow dentro de complejos inmobiliarios, no establecimientos turísticos, y rechaza que su naturaleza jurídica pueda modificarse por encontrarse en un municipio turístico.
En este sentido, la presidenta de la Plataforma, Maribé Doreste, considera además contradictorio que se mantengan sanciones mientras el Ayuntamiento impulsa una ordenanza para aclarar esta materia. “Si el propio Ayuntamiento considera necesario aprobar una ordenanza para dotar de seguridad jurídica al uso residencial, es porque reconoce implícitamente que esa seguridad jurídica hoy no existe”, sostiene.
La Plataforma anuncia que participará en la consulta pública con propuestas jurídicas, urbanísticas y técnicas y pide que el nuevo texto municipal sirva como garantía para los propietarios y permita reducir la incertidumbre existente sobre el uso residencial en los complejos turísticos.
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