Abrimos el Canal de Denuncia contra los Abusos en Canarias: CADECA

Cada día son más los canarios que se sienten desprotegidos frente a los abusos de las administraciones públicas y de quienes ejercen posiciones de poder. O bien no encuentran forma de defender sus derechos, o cuando lo encuentran -con instituciones como la Diputación del Común- el asunto acaba en un mar de escritos y reclamaciones que sólo encuentran silencio, respuestas insuficientes o expedientes que terminan perdiéndose en la burocracia.

Con esa realidad nace CADECA - Canarias, el Canal de Denuncia contra los Abusos en Canarias, una iniciativa impulsada por ARCAN con un objetivo muy claro: ofrecer a la ciudadanía un espacio independiente donde pueda denunciar situaciones de abuso, recibir orientación, darle visibilidad al abuso y evitar que su caso caiga en el olvido. Aunque esto es algo que ya de alguna manera llevamos haciendo toda la vida desde que somos activistas, con ARCAN y con otros colectivos anteriores, creemos que ha llegado la hora de darle el máximo formalismo y rigor y ponerle un nombre específico. 

Lo hacemos porque creemos que existe un importante déficit de protección ciudadana, a pesar de que son muchos los organismos creados -en teoría- para velar por los derechos de la población, tanto públicos como del tercer sector (asociaciones y ONGs), incluyendo a los medios de comunicación, pero en demasiadas ocasiones la situación o abuso queda silenciado, sobre todo cuando afecta a administraciones o instituciones con poder que suelen tener buenas redes clientelares y de medios de comunicación afines que ayudan a silenciar el abuso.

Un ejemplo especialmente significativo es la Diputación del Común, institución concebida como el Defensor del Pueblo de Canarias. Un organismo este, para que ustedes se hagan una idea, que además de la cantidad de millones que moviliza en personal administrativo, medios técnicos, oficinas y demás, tiene seis cargos que ganan tanto o más que el propio presidente del Gobierno de Canarias. La actual Diputada del Común por ejemplo, Lola Padrón (PSOE): se lleva 92.809,22 euros anuales, 27.000 euros más que su predecesor. Tanto dinero para limitarse a recibir las quejas ciudadanas, solicitar información a las administraciones afectadas e intentar favorecer una solución. Y digo intentar por decir algo, porque cuando el asunto denunciado es medianamente grave la administración afectada no suele contestar, y el expediente queda en un punto muerto sin más solución que enviar una carta firmada por la Diputación del Común en la que informan al ciudadano que la administración afectada no responde, sintiéndolo mucho. Justo esto es lo que nos ha pasado a nosotros con familias afectadas por VISOCAN (cobro abusivo de IBI) o por la Consejería de Bienestar Social (retirada injustificada de menores): pese a la gravedad de las denuncias planteadas y la abundante documentación probatoria, las administraciones no contestan a la Diputada y la Diputada no hace nada más. No hace nada más la Diputada del Común, aunque podría hacerlo. Podría ir a la Fiscalía con el caso, porque además lo tiene en sus estatutos como una opción a ejecutar. No lo hace nunca. Y podría utilizar su amplia red de medios y gabinete de prensa para denunciar el caso públicamente. Esto solo lo hace en determinados casos muy puntuales y generalmente poco graves, para justificarse. 

A nuestro juicio, estas situaciones recurrentes son una auténtica tomadura de pelo que genera una profunda sensación de indefensión entre quienes acuden a la Diputación del Común para que defiendan sus derechos. Tanto dinero público para resolver algunos asuntos menores y presentar un informe anual ante el Parlamento de Canarias nos parece demasiado poco. 

Pero el problema no termina ahí. Pasa algo parecido con el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, sueldo de 91.727,86 euros al año a la señora, para resultar igualmente difícil acceder a la información cuando la información es relevante o grave. Y tres cuartos de lo mismo con la Audiencia de Cuentas, con las oficinas de Quejas y Reclamaciones de los Ayuntamientos y Cabildos, cuando las hay, con poner una queja individual en una administración o empresa pública o con la Oficina de Defensa de los Usuarios Sanitarios de Canarias. Siempre burocracia, mucha burocracia, y si el asunto es grave va al limbo.  

El problema es que más allá de los organismos oficiales, muchos ciudadanos tampoco encuentran un cauce efectivo para hacer públicas sus denuncias. Pues el acceso a los medios de comunicación resulta, en numerosas ocasiones, muy difícil para quienes no cuentan con influencia política, económica o institucional, o simplemente no conocen la forma de llegar a esos medios. Y en última instancia, ya sabemos que muchos medios dependen para subsistir de las partidas económicas que les llegan de las administraciones políticas en concepto de propaganda y publicidad, de modo que difícilmente van a publicar algo grave contra las administraciones o políticos que les pagan. 

Y esto último, desgraciadamente sucede también con una parte importante de las asociaciones y ONGs que supuestamente defienden algunos derechos humanos o a sectores desfavorecidos de la población, dependen de subvenciones públicas para desarrollar su actividad. Y esta dependencia impide en muchos casos mantener una actitud plenamente crítica frente a las administraciones que financian esos proyectos. Cierto, hemos de aclararlo, muchas de esas entidades realizan un trabajo muy valioso, pero casi siempre se quedan en el acompañamiento, el asesoramiento, la solidaridad o el análisis técnico.

No hablamos ya de la opción más extrema de ir a un juzgado a poner una denuncia, pues cuesta bastante dinero y aún con dinero puede tardar años en concretarse en algo. 

Como ven, el panorama no es nada alentador, y con CADECA pretendemos cubrir parte de ese espacio. No somos un juzgado, ni una fiscalía, ni una administración pública. Tampoco prometemos resolver todos los problemas. Por supuesto, no cobramos, ni recibimos subvenciones. Somos activistas sociales haciendo lo que hemos hecho siempre: escuchar a las personas, estudiar cada caso, orientar sobre las acciones que puede emprender, realizar un seguimiento y, cuando resulte procedente, con el consentimiento expreso, denunciar públicamente los abusos sufridos mediante notas de prensa, redes sociales y cuantos canales de difusión estén a nuestro alcance.

En CADECA cada persona decide el grado de utilización de su información mediante un consentimiento informado que garantizará el respeto a su voluntad y a su privacidad. Podemos incluso denunciar el caso anónimamente, si la persona así lo prefiere. Además, promoveremos que los ciudadanos continúen utilizando los cauces institucionales existentes, incluyendo la presentación de quejas ante la Diputación del Común, el Defensor del Pueblo u otros órganos competentes. Precisamente queremos realizar un seguimiento de la eficacia real de esos mecanismos, detectar patrones de funcionamiento y elaborar informes periódicos que dejen al descubierto cómo funcionan de bien o de mal las instituciones encargadas de atender las reclamaciones ciudadanas.

Después de lo que han leído y lo que nos conocen, es evidente que CADECA - Canarias no va gustar a muchos, pero no vamos contra nadie, vamos a favor de la gente que lo pasa mal en Canarias.  Y bueno, como para todo, también para desarrollar este proyecto con eficacia hace falta gente. En ARCAN somos muy pocos y trabajamos ya en otras líneas de acción que nos ocupan tiempo. Así que si quieren participar en este proyecto concreto, no duden en contactar. Si por el contrario lo que tienen es un abuso que han sufrido y quieren activar nuestro canal, contacten igualmente. 

Porque ningún abuso debería quedar nunca sin denunciar, ningún ciudadano debería sentirse nunca solo frente al poder y ninguna administración debería acostumbrarse a que el silencio sea una respuesta suficiente. Si conseguimos evitar que un solo caso quede enterrado por la burocracia, este proyecto ya habrá merecido la pena.