La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, cargó este jueves contra el Cabildo de Gran Canaria por cuestionar las licencias concedidas para actuaciones en el barranco de Veneguera y aseguró que la institución insular "llega nueve años tarde" a resolver la situación jurídica de este espacio protegido.
Bueno respondió así a las declaraciones del consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, sobre las autorizaciones municipales relacionadas con actuaciones promovidas por Costa Canaria de Veneguera. La regidora sostuvo que el Ayuntamiento actuó siempre conforme a resoluciones judiciales y con el respaldo de los informes jurídicos disponibles en cada momento.
La alcaldesa atribuyó la inseguridad jurídica a la falta de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y a la pérdida de eficacia del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Rural del Nublo, una situación que, recordó, fue advertida por los tribunales en 2014 y que, según afirmó, el Cabildo no empezó a corregir hasta 2021 con el inicio de la tramitación del nuevo PORN.
"Las sentencias estaban ahí, las consecuencias jurídicas también, pero quienes hoy se presentan como defensores del territorio dejaron pasar los años sin aportar una solución", afirmó Bueno.
La alcaldesa recordó que el denominado Tramo 4 comenzó a tramitarse en 2017 y que el Ayuntamiento denegó inicialmente la licencia tras un informe desfavorable del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo. Sin embargo, indicó que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dio la razón a la empresa en 2023 al considerar que la denegación no podía fundamentarse en un PRUG que había perdido su validez, lo que obligó al Consistorio a conceder la licencia en ejecución de sentencia durante 2024.
En el caso del Tramo 2, señaló que cuando el Ayuntamiento resolvió el expediente ya existían informes jurídicos que recomendaban no aplicar el PRUG debido a la doctrina fijada por los tribunales.
Bueno también criticó las discrepancias entre organismos del propio Cabildo. Mientras el Consejo Insular de Aguas autorizaba determinadas actuaciones, el Servicio de Medio Ambiente emitía informes desfavorables sobre esos mismos proyectos. Según la alcaldesa, estas diferencias trasladaron la incertidumbre a la tramitación administrativa.
Además, reprochó al presidente del Cabildo, Antonio Morales, que nunca respondiera a la petición de pronunciamiento formulada por el Ayuntamiento sobre este asunto y acusó al Gobierno insular de reaccionar únicamente tras la repercusión pública del caso.
La alcaldesa diferenció la legalidad de los expedientes administrativos de las obras finalmente ejecutadas. En ese sentido, sostuvo que, si se han producido actuaciones que exceden las autorizaciones concedidas, corresponde a las administraciones competentes actuar.
Por último, confirmó la reapertura desde este jueves de la carretera de acceso a la playa de Veneguera y reiteró su propuesta de crear una mesa de trabajo entre las administraciones implicadas para coordinar actuaciones y evitar nuevas contradicciones en la gestión del barranco.
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