El Ayuntamiento de Mogán propone crear una mesa de trabajo con vecinos de Veneguera, colectivos ecologistas y patrimoniales, administraciones competentes y Costa Canaria de Veneguera, vinculada al Grupo Lopesan, para abordar las actuaciones desarrolladas en el barranco y la playa.
La alcaldesa, Onalia Bueno, planteó esta iniciativa durante una reunión convocada por la Asociación Cultural Medioambiental El Cardonal de Veneguera.
Bueno defendió que el Consistorio ha actuado conforme a los informes sectoriales y atribuyó parte del conflicto a las discrepancias entre organismos del Cabildo de Gran Canaria.
Según explicó, el Ayuntamiento llegó a emitir seis resoluciones desfavorables ante las contradicciones entre los criterios del Consejo Insular de Aguas y del Servicio de Medio Ambiente, aunque varios procedimientos judiciales obligaron a conceder licencias previamente denegadas.
Uno de los casos afecta al denominado Tramo 4, que contempla la canalización de parte del barranco, el acondicionamiento del acceso a la playa y un paso elevado.
El proyecto obtuvo autorización del Consejo Insular de Aguas en 2018, pero recibió informes desfavorables de Medio Ambiente.
Tras la negativa municipal, Costa Canaria de Veneguera recurrió a los tribunales y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias obligó al Ayuntamiento a otorgar la licencia urbanística.
La alcaldesa precisó que las intervenciones corresponden a distintos expedientes tramitados desde 2017 y que algunas infraestructuras que han suscitado preocupación, como el paso elevado, la berma transitable y los apartaderos del camino, figuraban en proyectos autorizados.
No obstante, diferenció estas obras de posibles actuaciones ejecutadas fuera de los permisos concedidos.
Diversos organismos investigan movimientos de tierra, transformación del terreno, afecciones a la flora y posibles impactos sobre yacimientos arqueológicos.
En la playa, unas labores inicialmente autorizadas de limpieza y renaturalización derivaron en inspecciones tras detectarse movimientos de tierras en dominio público marítimo-terrestre y posibles afecciones al entorno arqueológico de La Fortaleza.
Estas circunstancias provocaron la retirada cautelar de la autorización y la apertura de un expediente sancionador por parte de Costas del Estado.
Bueno sostuvo que, si existen actuaciones que exceden lo autorizado, las administraciones competentes deberán determinar responsabilidades, imponer las sanciones correspondientes y exigir medidas correctoras.
El Ayuntamiento asegura además que el acceso público a la playa de Veneguera permanecerá garantizado y descarta un desarrollo urbanístico en el barranco, al estar integrado en el Parque Rural del Nublo y sujeto a la normativa de protección ambiental y territorial.
La mesa propuesta pretende reunir a las partes implicadas para aportar transparencia, aclarar las autorizaciones concedidas y abordar una situación administrativa en la que intervienen hasta ocho administraciones y organismos públicos.
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