La aprobación este miércoles en el Parlamento de Canarias de la Ley para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas abre la puerta a que municipios como San Bartolomé de Tirajana y Mogán puedan reducir los tiempos de concesión de licencias y acelerar la promoción de vivienda protegida y asequible.
La nueva norma, impulsada por el Gobierno de Canarias, mantiene las competencias municipales sobre el urbanismo, pero ofrece a los ayuntamientos herramientas para agilizar la tramitación administrativa mediante fórmulas de colaboración técnica que permitan acortar los plazos sin renunciar a las garantías legales.
Más agilidad para los ayuntamientos
Uno de los principales cambios permitirá a los municipios que lo deseen incorporar informes técnicos elaborados por entidades colaboradoras acreditadas, colegios profesionales o medios propios para agilizar la concesión de licencias urbanísticas.
Con este sistema, los ayuntamientos seguirán siendo los responsables de conceder las licencias y ejercer el control sobre los expedientes, aunque podrán reducir la carga administrativa que actualmente retrasa numerosos proyectos de construcción.
Más suelo para construir viviendas
La ley también incorpora medidas para aumentar la oferta de vivienda protegida y asequible aprovechando suelo ya urbanizado y edificaciones existentes.
Entre las novedades figura la posibilidad de destinar determinados suelos terciarios, industriales o comerciales al uso residencial cuando sea viable, facilitar la finalización de edificios y urbanizaciones inacabadas para convertirlos en viviendas protegidas y permitir la construcción de este tipo de inmuebles en determinados suelos dotacionales y públicos.
Asimismo, se impulsará la construcción industrializada para acortar los tiempos de ejecución de las promociones.
Vivienda para quienes no llegan al mercado
La norma crea además la figura de la vivienda asequible incentivada, destinada a familias cuyos ingresos superan los límites para acceder a una vivienda pública, pero que tampoco pueden asumir los precios del mercado libre.
Estas promociones serán de iniciativa privada, estarán destinadas al alquiler, tendrán rentas limitadas y estarán supervisadas por el Instituto Canario de la Vivienda.
Respuesta a la emergencia habitacional
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, destacó que la ley busca eliminar los obstáculos administrativos que durante años han ralentizado la construcción de viviendas en Canarias, mientras que el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, señaló que la norma pretende evitar que la burocracia continúe dificultando el acceso a la vivienda.
La legislación también contempla medidas para agilizar la actividad de las cooperativas de vivienda, facilitar la ejecución anticipada de promociones protegidas, reforzar la función social del parque público y priorizar la adjudicación de viviendas a las personas con mayor necesidad.
Con esta nueva regulación, el Gobierno de Canarias pretende incrementar la oferta de vivienda protegida y asequible mediante la simplificación administrativa y un mejor aprovechamiento del suelo ya disponible, una medida que podría tener una incidencia directa en municipios con fuerte presión residencial como San Bartolomé de Tirajana y Mogán.
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