El Gobierno de Canarias ha desplegado la prestación de asistencia personal para personas en situación de dependencia, con un marco normativo propio, financiación definida y formación específica para los profesionales encargados de prestar este apoyo.
La medida, regulada por el Decreto-ley 2/2026, fija las condiciones de acceso, el sistema de pago y justificación, las compatibilidades y las cuantías máximas. Estas alcanzan los 900 euros mensuales para el grado III, 577,25 euros para el grado II y 436 euros para el grado I. La norma incorpora además una respuesta específica para los casos de dependencia extrema mediante el grado III+.
La ayuda está dirigida a personas con un grado de dependencia reconocido y debe incluirse en su Programa Individual de Atención. Asimismo, tiene carácter finalista, por lo que exige la contratación efectiva del servicio y la acreditación del gasto.
La asistencia personal busca reforzar la autonomía, facilitar la participación social, el acceso al empleo o la formación y favorecer la permanencia en el entorno habitual. Además, es compatible con recursos como los centros de día, la teleasistencia, la promoción de la autonomía personal y la ayuda a domicilio.
El Ejecutivo autonómico también ha reforzado la profesionalización del servicio mediante una formación específica desarrollada junto a ecca.edu. La previsión inicial de 200 plazas se amplió hasta 400 ante la elevada demanda.












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