PSOE y Vox van de la mano contra el derecho a la vivienda

¿Imaginan que de repente en España decidieran calificar como actividad inocua la hostelería? Si así fuera, cualquier persona podría abrir un bar o un restaurante en su propia residencia sin cumplir los requisitos que hoy se exigen en materia de seguridad, salubridad, control administrativo o protección de los vecinos. La mayoría diríamos de inmediato: "¡¿pero qué locura es esta?!" 

Pues bien, salvando las diferencias entre ambas actividades, eso es exactamente lo que pretenden aprobar el PSOE y  Vox, junto con Nueva Canarias y el partido del señor Curbelo (ASG) en el Parlamento de Canarias la semana que viene. Esto es: declarar la vivienda vacacional una actividad inocua, rebajando los controles, verificaciones, seguros de responsabilidad civil y demás garantías sobre una actividad económica que, lejos de ser irrelevante, tiene un impacto directo sobre el derecho a la vivienda, la convivencia vecinal y el modelo territorial de las islas. Una actividad que además, en Canarias está en cifras récord, muy por encima del resto de CCAA. 

Si nos vamos a los datos, el 4,56 % de todas las viviendas de Canarias ya se destinan a uso turístico. Baleares, que ocupa el segundo lugar, se queda en el 2,97 %. El País Vasco en cambio apenas alcanza el 0,44 %. Es decir, Canarias tiene más de diez veces la presión de vivienda vacacional que el País Vasco. Por cierto, ya que nombramos al País Vasco: allí hace ya muchos años que esta actividad está regulada como actividad clasificada con muchos requisitos, y nadie parece protestar. Y ello por no hablar de que Canarias atraviesa la mayor emergencia habitacional de su historia, con máximos históricos en el alquiler, entre los más caros y escasos de España, hasta el extremo de lastrar a  profesionales imprescindibles para sostener servicios públicos y empresas esenciales, que tampoco encuentran viviendas.

Estamos hablando, léanlo bien, de más de 48.000 viviendas vacacionales activas -no contamos las ilegales sino serían muchas más-, lo que traducido en camas vienen a ser,  según datos del Gobierno de Canarias de mayo de 2026, unas 156.997 plazas alojativas. O lo que es lo mismo: las viviendas vacacionales representan aproximadamente el 36 % de todas las plazas hoteleras y de apartamentos turísticos reglados que hay en Canarias. Con una diferencia: los hoteles pagan impuestos, crean puestos de trabajo, cuentan con todas las garantías de seguridad y demás controles y además agrupan a los turistas en zonas turísticas, las viviendas vacacionales van por libre, están exentas de casi todo y han convertido a las islas en una macrourbanización para turistas con gentrificación, colapso de carreteras y turistificación por todos lados.  
 

Pues bien, con todo esto: las supuestas izquierdas que tenemos en el Parlamento de Canarias (PSOE y Nueva Canarias) no tienen nada mejor que hacer que aliarse con Vox y con el cacique de La Gomera para pegarle otro arreón más al derecho a la vivienda en Canarias. Estas son sus prioridades, y quedan retratadas. 

Porque la vivienda vacacional no puede ser nunca una actividad inocua, por mucho que lo diga la todopoderosa Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV). Distinto es que en zonas rurales o con poca población como La Gomera, no sea viable ni rentable plantar hoteles y sí más conveniente autorizar algunas viviendas vacacionales. Pero estos son detalles o variaciones a la norma que pueden tratarse como excepciones concretas. De igual modo, si la nueva ley que regula la actividad del vacacional en Canarias, según dicen en ASCAV, ha conseguido retirar del mercado unas 9.000 viviendas que sin embargo no han migrado al alquiler residencial, eso no implica que la norma sea mala, sólo nos está indicando que en política, como en la vida, en las democracias, no vale solo con el palo, también hace falta la zanahoria para que el burro ande. Aquí la zanahoria son incentivos, bonificaciones, premios, garantías y seguridad jurídica suficientes para esos propietarios que salen del vacacional vuelvan al residencial, y un palito adicional que penalice convenientemente la vivienda vacía para que se lo piensen. 

Cuestión aparte que no podemos dejar pasar, es el argumento que viene de los ayuntamientos para justificar esta rebaja de garantías y controles, pues la ley atribuye a los ayuntamientos buena parte de las labores de inspección, control y autorización de las viviendas vacacionales. Y es ciertamente lamentable que la mayoría de ayuntamientos canarios y la propia FECAM hayan convertido la carga administrativa que impone la ley en uno de sus principales argumentos para pedir que se rebajen o suspendan determinados controles. Es decir, en lugar de reclamar más medios humanos y materiales para ejercer las competencias de inspección que corresponden a los ayuntamientos, su principal reivindicación ha sido reducir las obligaciones que la norma les atribuye. Menuda vergüenza. Les ha faltado lanzar un comunicado diciéndo: "¡No nos manden más trabajo que vivimos muy bien y ya tenemos bastante con organizar bonchos, festivales y colocar a amigos!".    

En fin, ver para creer. El PSOE y Nueva Canarias de la mano de Vox entregados al liberalismo y la desregulación, comprando el cuento de que el vacacional es democratizar el negocio turístico, y  que así muchos canarios podrán pagar la universidad de sus hijos. Sorprende que nadie en esos partidos se pregunte: "¿Cómo es posible que Vox apoye esto? Igual nos estamos equivocando en algo". 

En cualquier caso, no me sorprende tanto, si tenemos en cuenta que Canarias sufre al PSOE más derechoso de España con diferencia. Y bueno, para comprobarlo solo tienen que ver lo que hace Fraga en Adeje o repasar lo que no hizo por la vivienda ni por otros tantos derechos básicos Ángel Victor Torres, cuando fue presidente y gobernó Canarias no hace tanto.