La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) afirmó este martes que la Ley 6/2025 de vivienda vacacional no ha tenido impacto en el mercado del alquiler residencial, pese a la salida de miles de viviendas de uso turístico. La organización presentó un informe elaborado con datos oficiales del ISTAC, el INE y el Registro Autonómico correspondiente al periodo comprendido entre mayo de 2025 y mayo de 2026.
Según ASCAV, los datos muestran que el precio de los alquileres residenciales continúa aumentando pese a la reducción de la oferta de vivienda vacacional. La asociación sostiene que la norma ha perjudicado a miles de familias que obtenían ingresos de esta actividad sin resolver el problema del acceso a la vivienda.
La entidad también criticó la evolución parlamentaria de la ley y centró parte de su comparecencia en la tramitación de la enmienda 92, impulsada por Agrupación Socialista Gomera (ASG) y respaldada por PSOE, Nueva Canarias y Vox. Según ASCAV, esa modificación, aprobada en comisión el pasado 9 de julio, podría evitar que miles de propietarios queden fuera de la actividad.
La asociación denunció que Coalición Canaria presentó posteriormente un voto particular para intentar revertir esa enmienda y sostuvo que el escrito se registró fuera de plazo, sin motivación y ante un órgano que, a su juicio, no era el competente. ASCAV considera que la posterior tramitación del documento por la Mesa del Parlamento podría vulnerar el procedimiento establecido y anunció que espera la respuesta de los grupos que apoyaron la enmienda.
Durante la rueda de prensa, la organización volvió a reclamar que las administraciones centren sus esfuerzos en movilizar la vivienda vacía mediante medidas que aporten seguridad jurídica a los propietarios, en lugar de limitar la vivienda vacacional. Según ASCAV, la propia Consejería de Turismo reconoció meses atrás que la ley no nació para solucionar el problema del alquiler residencial.
La información parte de las declaraciones realizadas por ASCAV y recoge sus valoraciones sobre la ley y su tramitación parlamentaria. No incluye la versión del Gobierno de Canarias ni de los grupos políticos aludidos.
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