Más por Viejo que por diablo

La Fiscalía pedirá la absolución de Begoña Gómez en su juicio, según adelantó ayer en su escrito de conclusiones. El Ministerio Público acusa literalmente al juez Peinado de "inventarse una confabulación" para impedir la salida de España de Begoña Gómez. Llámame raro pero yo me fiaría más de un fiscal de carrera que de un juez del cuarto turno que no aprobó las oposiciones al cargo.

  Tras la petición de la esposa del presidente de España para que Peinado le dejara acompañar a su marido a la cumbre de la OTAN celebrada esta semana en Turquía y a la graduación de una de sus hijas en Londres, el juez salió por patas de vacaciones antes de contestar y le dejó el embolado a su sustituto. 

  El sustituto es casualmente Antonio Viejo, el juez que según la UCO dificulta enormemente la investigación al novio de Ayuso ya que tardó nada menos que seis meses en autorizarlo a investigar las cuentas bancarias y lleva medio año sin responder a la petición de la Guardia Civil para poder inspeccionar las cuentas fiscales de González Amador.

 Por eso no ha sorprendido nada que el juez Viejo haya impedido a Begoña Gómez viajar a Ankara aunque para compensar de forma salomónica sí le ha permitido asistir a la graduación de su hija en Inglaterra. Los jueces también tienen su corazoncito. 

  El juez permitió que Begoña Gómez fuera a la graduación de su hija con el argumento de que hay buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido mientras que aduce que Turquía "no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea". 

  Se olvida el juez que Reino Unido tampoco está en la Unión Europea desde hace 10 años y que además España tiene también acuerdo de extradición con Turquía. El próximo lunes varios magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid tendrán que decidir sobre un recurso de Begoña Gómez contra la instrucción de Peinado. 

 Es normal esta petición. Lo que no es muy normal es que entre esos jueces que van a decidir el recurso de Gómez haya al menos uno, Jesús López Ángulo, que tiene toda su familia relacionada con el PP. Su hermano fue diputado del PP y teniente de alcalde de Madrid, además de secretario de Estado para el Deporte durante el gobierno de Aznar. Una sobrina del juez es concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

 Tampoco es normal que Peinado, un juez ligado al PP y con una hija concejal en la Comunidad de Madrid, sea el que haya instruido la causa de Begoña Gómez. Eso sería tan disparatado como si un juez identificado con el PSOE y con su familia trabajando para este partido tuviese que instruir una causa contra la mujer de Feijóo o la de Abascal. 

 Todo el mundo se rasgaría las vestiduras y clamaría al cielo. En cambio en este caso los tribunales superiores y el Consejo General del Poder Judicial han hecho mutis por el foro. No parece ético ni estético. El hecho de que Patricia Peinado, hija del polémico juez, sea concejal de Pozuelo de Alarcón, el municipio más rico de España, no deja de ser una anécdota curiosa. 

  Esta misma semana dos periódicos de tirada nacional publicaron unas encuestas en las que se aseguraba que más del 65% de los españoles no confía en la justicia y cree que existe el lawfare. Eso significa que los españoles en general apoyan la teoría de los políticos que creen que la justicia está politizada en el peor sentido del término. Esos políticos no están solos sino muy bien arropados. Es muy grave que dos de cada tres españoles desconfíe de la justicia y crea que existe el lawfare. 

 Y mientras todo esto ocurre, el líder de la oposición se dedica a decir que los trabajadores con baja médica no pueden cobrar tanto y que la incapacidad temporal es un cáncer. Como si la ley no previera ya el recorte de salarios a los empleados de baja.

 Feijóo quiso regalar los oídos a Garamendi sin percatarse de que hay muchos trabajadores cabreados que también votan a su partido. El presidente de la CEOE no es tampoco un ejemplo en este debate ya que gana más de 400.000 euros al año. Parece miserable que el presidente de la patronal tan generosamente remunerado esté preocupado en discutir unos euros a un trabajador cuando él gana treinta veces más que muchos de ellos.

 A la patronal y al PP les preocupan mucho las bajas laborales pero en cambio hacen oídos sordos a las horas extras que los empresarios no pagan a sus trabajadores. En España se trabajan casi tres millones de horas extras no pagadas semanalmente, valoradas en tres mil quinientos millones de euros, pero lo que le preocupa a la patronal es el absentismo.

 Si los trabajadores no van a trabajar es porque están de baja médica y si la patronal o el PP creen que hay un fraude entre los profesionales sanitarios tendrían que denunciarlo en el juzgado de guardia y no en las televisiones para crear mal rollo entre las empresas y los trabajadores.

 El Gobierno de España está privado con el líder de la oposición, que lleva dos semanas hablando de la Ley de Nietos y de las bajas laborales, y además metiendo la pata hasta el corvejón en los dos asuntos. 

  Después del lío que ha montado, Feijóo se fue a los Sanfermines a lidiar con los toros y el pañuelo rojo en el cuello. El peligro en Pamplona estos días es, a pesar de los encierros, mucho menor que en Madrid.