La nueva Ley del Suelo plantea multas más altas por infracciones urbanísticas y más facilidades para construir vivienda

La reforma de la Ley del Suelo de Canarias comenzará su tramitación parlamentaria en las próximas semanas con cambios que afectarán a cuestiones tan diversas como las multas por construcciones ilegales, la creación de vivienda pública o los trámites necesarios para aprobar planes urbanísticos.

Entre las medidas más destacadas figura el endurecimiento de las sanciones por infracciones en el territorio. Las multas leves pasarán de un mínimo de 60 a 300 euros y el plazo para perseguir este tipo de actuaciones aumentará de cuatro a ocho años, lo que dará más margen a la administración para actuar ante posibles irregularidades.

La propuesta también pretende acelerar la planificación urbanística. Según el Gobierno canario, la documentación exigida para tramitar un plan general se reducirá en torno a un 40%, con la intención de simplificar procedimientos que en muchos municipios tardan años en completarse.

Otro de los ejes de la reforma es la vivienda. El texto prevé aumentar la reserva de suelo para construir viviendas públicas y facilitar nuevas promociones en municipios de menos de 10.000 habitantes, especialmente en asentamientos rurales.

Además, incorpora cambios para el sector primario que permitirían una mayor flexibilidad para levantar viviendas vinculadas a explotaciones agrícolas y ganaderas.

El Gobierno defiende que la reforma intenta dar respuesta a tres de los principales debates abiertos en Canarias, el acceso a la vivienda, la protección del territorio y la pérdida de población en los municipios más pequeños.

La propuesta deberá pasar ahora por el Consejo Consultivo antes de llegar al Parlamento de Canarias, donde comenzará su tramitación previsiblemente a finales de julio.