La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha anunciado en el Parlamento su intención de modificar la Ley del Turismo de Canarias para dar mayor seguridad jurídica a propietarios, explotadores y administraciones.
La consejera Jéssica de León defendió que la normativa vigente, con más de tres décadas de antigüedad, no responde a la situación actual del sector ni a los conflictos acumulados en complejos turísticos y zonas residenciales.
Durante su intervención, señaló que las recientes resoluciones judiciales confirman la aplicación del marco legal vigente y el principio de unidad de explotación en los establecimientos turísticos.
La consejera situó el origen del problema en décadas de litigios y situaciones sin resolver entre usos residenciales y turísticos, y defendió la necesidad de cooperación entre administraciones para abordar la regulación del sector.
El nuevo texto legal, que sustituirá a la Ley 7/1995 y fusionará la normativa de renovación turística, se encuentra en fase de trabajo con aportaciones de distintos sectores sociales y económicos.
Según explicó, la futura ley incorporará medidas para reconocer segundas residencias, ordenar el uso del suelo turístico y reforzar la unidad de explotación, además de adaptar la planificación municipal a la realidad de cada zona.
En relación con la situación actual, la Consejería subrayó que está obligada a aplicar la normativa vigente mientras no se apruebe el nuevo marco legal, y defendió que las decisiones administrativas no responden a una persecución, sino al cumplimiento de la ley.
La titular de Turismo también aludió a recientes sentencias judiciales que, según dijo, avalan la interpretación actual del ordenamiento jurídico en materia de uso turístico.
El Ejecutivo canario plantea una hoja de ruta basada en la reforma normativa y la coordinación institucional para dar respuesta a un conflicto que afecta a propietarios, residentes y operadores turísticos.
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