El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado el recurso presentado contra la revisión del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria, aprobada por el Cabildo en febrero de 2022.
La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) considera que la resolución judicial respalda las críticas que venía formulando al documento urbanístico y sostiene que la sentencia cuestiona aspectos relacionados con la regulación de los usos residenciales y turísticos en determinadas zonas de la isla.
La PALT argumenta que el plan limitaba la coexistencia entre uso residencial y turístico, afectando tanto a propietarios como a residentes permanentes y temporales en áreas de especialización turística.
La plataforma también había mostrado su rechazo a otras determinaciones incluidas en el documento, entre ellas la propuesta de un puerto deportivo en la zona de Bahía Feliz, por las afecciones ambientales que, a su juicio, podría generar.
La presidenta, María Isabel Doreste, afirmó que “la sentencia supone un freno a un modelo territorial que la organización considera perjudicial para la población residente y para los derechos de los propietarios afectados”.
La entidad sostiene que el plan apostaba por una mayor especialización turística del territorio y reclama una ordenación que permita la compatibilidad entre los usos residenciales y turísticos, tal y como, según defiende, ha ocurrido tradicionalmente en numerosos núcleos turísticos de Canarias.
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