El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó este jueves en pleno, por unanimidad de todos los grupos políticos, la aprobación inicial de una modificación menor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la parcela 20.4-B de Campo Internacional correspondiente al complejo turístico Hotel Suites Los Calderones.
La medida permitirá dar cobertura legal a las obras de renovación y mejora ejecutadas en el establecimiento turístico al amparo del antiguo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) de Maspalomas, anulado posteriormente en mayo de 2018 por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
La modificación mantiene el uso turístico de la parcela, conserva la altura máxima de dos plantas y reduce la densidad alojativa del establecimiento, pasando de 86 a 78 unidades, dentro de una estrategia orientada a elevar la calidad del producto turístico y reducir la intensidad de uso.
El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alejandro Marichal, defendió durante la sesión plenaria que este expediente se enmarca en el modelo turístico que persigue el municipio “basado en la calidad, la renovación y la modernización de la planta alojativa”.
Según señaló Marichal, la actuación consolida “un establecimiento ya renovado, adaptado a las nuevas demandas del mercado turístico, con mejores estándares de calidad, más confort, menor densidad y una oferta más competitiva para el destino”.
El edil destacó además que este tipo de actuaciones permiten “rejuvenecer y actualizar zonas turísticas maduras sin necesidad de consumir nuevo suelo ni generar nuevos crecimientos urbanísticos”, apostando por la renovación frente a la expansión urbanística.
Menos plazas y más calidad turística
La licencia concedida en su momento permitió aumentar la edificabilidad del complejo de 0,50 a 0,59 metros cuadrados por metro cuadrado, pasando de 3.528,5 metros cuadrados a 4.166,30, además de elevar la ocupación del 30% al 36% para incorporar equipamientos complementarios.
Pese a ello, el establecimiento redujo el número de unidades alojativas de 86 a 78 con el objetivo de orientarse hacia un modelo turístico de mayor calidad y menor densidad.
Tras la anulación judicial del PMM, la situación urbanística del complejo quedó sin cobertura legal definitiva, una circunstancia que ahora pretende resolverse mediante esta modificación menor del PGOU.
Marichal aseguró que el expediente representa “una forma responsable de gestionar el urbanismo”, al aportar “seguridad jurídica, defender el interés público, consolidar actividad económica y empleo y apostar por un modelo turístico de mayor calidad y modernización”.
El responsable municipal también subrayó que el expediente cuenta con evaluación ambiental estratégica favorable y que durante su tramitación se incorporaron las determinaciones y condicionantes de los distintos organismos sectoriales consultados, entre ellos el Ministerio de Defensa y el área de Telecomunicaciones.
Ingresos para la Hacienda municipal
Desde el punto de vista económico, el Ayuntamiento sostiene que la actuación no generará nuevas cargas para las arcas municipales ni requerirá nuevas infraestructuras públicas, ya que la financiación correrá íntegramente a cargo del promotor privado.
Además, el consistorio prevé ingresos derivados tanto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) como del incremento futuro de la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Tras la aprobación inicial acordada por el pleno, el expediente será sometido ahora a un periodo de información pública de 45 días. Posteriormente, el Ayuntamiento y la sociedad promotora Amoreto 2000 S.L. deberán formalizar el correspondiente convenio urbanístico para cuantificar la plusvalía urbanística que corresponda conforme a la legalidad vigente.
Otros acuerdos del pleno
En el apartado de mociones, el pleno aprobó una iniciativa presentada por Coalición Canaria para instar al Gobierno de España a modificar la normativa estatal que regula las pensiones no contributivas, con el objetivo de evitar que los complementos autonómicos destinados a combatir la pobreza y la exclusión social computen como ingresos para las personas beneficiarias.
La propuesta defiende que las ayudas impulsadas por las comunidades autónomas para mejorar la situación económica de personas en situación de vulnerabilidad puedan desarrollarse sin interferencias derivadas de la legislación estatal.
También salió adelante una moción presentada por Nueva Canarias en apoyo a la petición del sector de las autoescuelas del Sur y Sureste de Gran Canaria para crear un punto de exámenes prácticos de conducir en el sur de la isla.
La iniciativa plantea solicitar a la Dirección General de Tráfico (DGT) que estudie la viabilidad técnica y administrativa de establecer el Recinto Ferial de Vecindario como punto oficial de salida y llegada de las pruebas prácticas de conducción. La propuesta ya ha recibido el respaldo unánime de los ayuntamientos de Santa Lucía, Agüimes e Ingenio y también será trasladada al municipio de Mogán para recabar su apoyo.
En el apartado de urgencias, el pleno aprobó además la adhesión del Ayuntamiento al acuerdo marco estatal para el suministro de vehículos comerciales ligeros con el objetivo de agilizar la adquisición de nuevas furgonetas para el parque móvil municipal y reducir costes económicos y administrativos.
Asimismo, se dio luz verde a una modificación presupuestaria de 1.350.000 euros financiada con remanente líquido de Tesorería. Según explicó el alcalde, Marco Aurelio Pérez, 450.000 euros se destinarán a la rehabilitación de la plaza pública de Aldea Blanca y otros 900.000 euros a actuaciones de mejora, rehabilitación y conservación de zonas verdes y espacios públicos del municipio.
El pleno también aprobó un reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 393.756,29 euros para el pago de facturas vinculadas a distintas áreas municipales, entre ellas Nuevas Tecnologías, Deportes, Vías y Obras, Sanidad, Alumbrado Público, Parque Móvil, Turismo, Mayor y Festejos y Eventos.
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