El crecimiento del Valle de Aridane y las consecuencias de la erupción del Tajogaite han agravado la situación del servicio postal en La Palma. Trabajadores de Correos denuncian falta de personal, rutas desactualizadas y una planificación que no responde a la nueva realidad territorial de la comarca.
La Unidad de Distribución de Los Llanos de Aridane presta servicio en El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, además de cubrir Tijarafe, Puntagorda y Garafía. Los empleados aseguran que el aumento de población en el Valle no ha contado con un refuerzo proporcional de medios humanos y materiales durante los últimos años.
Según explican en un comunicado, la reducción de plantilla y de rutas ya afectaba al servicio antes de la erupción volcánica de 2021. Tras el avance de las coladas y la transformación del territorio, la situación empeoró debido a los cambios en carreteras, accesos y zonas residenciales.
Los trabajadores sostienen que Correos no ha reorganizado las rutas pese a la dispersión actual de la población y al incremento de las dificultades de acceso. “Hoy hay más población, más dispersión y más dificultades de acceso, pero menos personal y menos rutas que antes del volcán”, denuncian.
Parte de la plantilla asume en la actualidad varias rutas de reparto, con trayectos más largos y cambios continuos de dirección. Esta situación provoca retrasos y problemas en la distribución postal, según indican los empleados, que alertan además del desgaste que soporta el personal.
Los trabajadores también advierten de posibles incumplimientos del Servicio Postal Universal en la comarca. Consideran que la actual organización del servicio no garantiza de forma adecuada este derecho básico para miles de vecinos del Valle de Aridane.
Por ello, reclaman a la dirección provincial de Correos en Santa Cruz de Tenerife una intervención urgente. Entre las medidas solicitadas figuran la reorganización de rutas, el aumento de plantilla y la recuperación de puestos eliminados en los últimos años.
Los empleados concluyen que mantener la política actual de recortes pone en riesgo un servicio público esencial en la isla de La Palma.
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