El futuro de la cementera de CEISA y del puerto de Santa Águeda volvió este miércoles a provocar un duro enfrentamiento político en el Parlamento de Canarias entre el PSOE y el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez.
El diputado socialista Miguel Ángel Pérez acusó al Gobierno autonómico de actuar para beneficiar intereses privados y facilitar una futura transformación turística del litoral de El Pajar. La respuesta del consejero fue inmediata: negó tajantemente cualquier maniobra especulativa y defendió que el procedimiento abierto por Puertos Canarios se tramita “con absoluta legalidad”.
“No estamos defendiendo a ningún particular”, afirmó Rodríguez durante su intervención, en la que sostuvo además que se está intentando mezclar “interesadamente” el expediente portuario con debates urbanísticos y turísticos que, según aseguró, no forman parte de la decisión administrativa actual.
El consejero insistió en que la concesión del puerto y la continuidad de la fábrica son cuestiones distintas desde el punto de vista jurídico. Según explicó, la actividad industrial puede seguir desarrollándose en los terrenos privados de la empresa aunque finalice la autorización sobre el dominio público portuario.
Rodríguez defendió además que el Gobierno autonómico todavía no ha tomado una decisión definitiva y recordó que la empresa ha podido presentar alegaciones dentro del procedimiento administrativo. También subrayó que existen informes técnicos y jurídicos que cuestionan la posibilidad de una prórroga automática de la concesión.
La polémica gira alrededor de la concesión vinculada al puerto de Santa Águeda, en El Pajar, caducada desde octubre de 2022. Desde entonces, Puertos Canarios mantiene abierto el expediente que debe determinar el futuro de las instalaciones portuarias utilizadas históricamente por CEISA para la actividad industrial y el tráfico de materiales.
En el tramo final de su intervención, Rodríguez elevó el tono político y recordó al diputado socialista que el propio PSOE apoyó en su momento el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO), documento que contemplaba para el entorno de Santa Águeda usos turísticos y recreativos.
El consejero reprochó a Miguel Ángel Pérez que ahora critique una posible transformación urbanística cuando, según afirmó, su formación política respaldó anteriormente el planeamiento territorial que abría esa posibilidad para la zona. Con ese argumento, trató de desmontar las acusaciones de especulación lanzadas por el PSOE y devolvió el foco del debate a decisiones urbanísticas aprobadas en etapas anteriores.
El caso CEISA lleva años generando tensión política, económica y territorial en el sur de Gran Canaria. La cementera mantiene actividad industrial y empleo ligado al puerto de Santa Águeda, mientras distintos sectores políticos y urbanísticos defienden desde hace tiempo una reconversión del frente marítimo hacia usos turísticos y recreativos previstos en el planeamiento insular.
El enfrentamiento de este miércoles volvió a evidenciar el choque entre dos modelos para el litoral del sur de Gran Canaria: mantener el peso industrial y portuario de Santa Águeda o avanzar hacia una transformación vinculada al turismo y al desarrollo urbanístico de la costa.
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