Las familias de los 12 bomberos interinos afectados por el proceso selectivo del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria han reclamado una “solución política” que permita paralizar temporalmente el examen previsto para este domingo y abrir una negociación sobre su situación laboral.
La petición se produjo tras conocerse que no prosperó la solicitud impulsada por el Ayuntamiento de Mogán para convocar una Junta General Extraordinaria del Consorcio con el objetivo de revisar el procedimiento actualmente en marcha.
Durante una comparecencia pública en un video, Noelia García, portavoz de las familias afectadas, aseguró que llevan “semanas” trasladando su preocupación y pidió a las administraciones implicadas que reconsideren la situación antes de la celebración de la prueba.
“Si hay voluntad política se va a poder”, afirmó, reclamando que el examen se aplace durante unas semanas para intentar alcanzar un acuerdo que permita revisar el procedimiento.
Las familias sostienen que los trabajadores afectados llevan años desempeñando funciones estructurales dentro del Consorcio y consideran que su situación debe resolverse mediante otra vía de estabilización. También apelaron al impacto personal y familiar que tendría la pérdida de estos puestos de trabajo.
“Somos ciudadanos que hemos estado cuando se nos necesita”, señaló la portavoz, que pidió a las administraciones “seguridad” y una solución que evite dejar a las familias en una situación de incertidumbre.
La comparecencia contó con la presencia de familiares de los bomberos afectados y se produce en medio del enfrentamiento político abierto tras la negativa del Consorcio a celebrar la Junta solicitada por Mogán.
El conflicto gira en torno a la aplicación de la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad en el empleo público, que obligó a convocar procesos de estabilización de plazas estructurales. Mientras el Ayuntamiento de Mogán sostiene que existe una situación de abuso de temporalidad, otras administraciones defienden la continuidad del proceso selectivo ya convocado para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.
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