ASCAV ha acusado a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias de interpretar de forma errónea una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre el trámite de consulta pública de la futura ley de vivienda vacacional.
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional sostiene que la resolución judicial no avala el proceso de consulta pública, no descarta irregularidades ni se pronuncia sobre la validez de la ley. Según la entidad, el procedimiento judicial solo trataba sobre el acceso a los datos de esa consulta, solicitados por ASCAV en diciembre de 2023 al amparo de la Ley de Transparencia.
La asociación explica que Turismo denegó inicialmente esa información mediante una resolución del 15 de diciembre de 2023, lo que llevó a ASCAV a presentar una demanda contra el Gobierno de Canarias. Sin embargo, durante el proceso, la propia Consejería aportó voluntariamente los datos reclamados, por lo que el tribunal declaró una “carencia sobrevenida del objeto”.
ASCAV defiende que consiguió en sede judicial la información que se le había negado por vía administrativa. Por ello, rechaza que la sentencia pueda presentarse como un respaldo al procedimiento de consulta pública o a la ley canaria de vivienda vacacional, ya que ese no era el objeto del pleito.
La entidad lamenta el “uso torticero” de la resolución judicial y acusa a la Consejería de difundir una interpretación que, a su juicio, se aparta del contenido real de la sentencia.
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