El largo conflicto por la continuidad de la cementera de Santa Águeda vuelve a tensarse en el sur de Gran Canaria. Puertos Canarios ha confirmado que reclamará judicialmente a Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) el desmontaje de sus instalaciones después de que la empresa no presentara el plan de retirada exigido por el ente autonómico.
La disputa afecta a uno de los enclaves industriales más controvertidos del litoral de San Bartolomé de Tirajana, donde desde hace años conviven actividad portuaria, intereses empresariales y debate sobre el futuro urbanístico y económico de la zona de El Pajar y Arguineguín.
Según trasladó este jueves el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, el plazo concedido a la empresa para comunicar cómo ejecutaría el desmantelamiento de la planta ya ha expirado o está próximo a hacerlo sin que se haya entregado la documentación requerida.
Recurso judicial abierto
El origen del conflicto se encuentra en la decisión adoptada por el consejo de administración de Puertos Canarios de no mantener la continuidad de la autorización que permitía a Ceisa seguir ocupando terrenos portuarios en Santa Águeda.
La empresa ha recurrido esa decisión ante los tribunales y también ha solicitado medidas cautelares para evitar que el acuerdo administrativo se ejecute mientras se resuelve el procedimiento judicial.
Puertos Canarios sostiene que, ante la falta de entrega de la parcela y la ausencia del plan de desmontaje solicitado en diciembre de 2025, tendrá que acudir ahora a la vía judicial para reclamar el desmantelamiento de las instalaciones y la recuperación del espacio portuario.
Debate abierto sobre el litoral de El Pajar
La cementera de Santa Águeda lleva años situada en el centro del debate sobre el modelo de desarrollo del litoral del sur de Gran Canaria por el impacto industrial y paisajístico de la actividad en un entorno próximo a zonas turísticas y residenciales.
El futuro de este enclave ha sido objeto de discusión política y urbanística en distintas etapas, especialmente por la posibilidad de transformar parte de estos terrenos en un espacio con otros usos vinculados al litoral y al desarrollo económico de la zona.
La evolución del conflicto dependerá ahora de las decisiones judiciales que se adopten en los próximos meses sobre la continuidad de la actividad y el eventual desmantelamiento de la planta.
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