La crisis política que sacude el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha escalado hasta convertirse en uno de los mayores conflictos institucionales abiertos en Canarias en el ámbito municipal. El concejal del PP-AV, Juan José Ramos, ha llevado a la Fiscalía y a los tribunales al alcalde, Francisco José García López, al considerar que habría bloqueado deliberadamente el procedimiento destinado a declarar como “no adscritos” a seis concejales expulsados de Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista (NC-FAC), entre ellos el propio regidor.
La ofensiva judicial incluye una denuncia penal por presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra el ejercicio de derechos cívicos, además de un recurso contencioso-administrativo presentado por la vía especial de protección de derechos fundamentales.
La tesis central de la oposición es contundente: sostienen que el alcalde alteró conscientemente el procedimiento habitual seguido hasta ahora en el Ayuntamiento para evitar que el Pleno tomara conocimiento formal del informe emitido por la Secretaría General municipal el pasado 18 de marzo de 2026. Ese documento concluía que Francisco García y otros cinco concejales habían adquirido automáticamente la condición de no adscritos desde el 16 de marzo tras su expulsión de Nueva Canarias.
El informe afectaba a salarios, cargos y financiación del grupo político
La relevancia política y económica del informe es uno de los elementos que ha disparado la tensión dentro del Ayuntamiento.
Según el criterio de la Secretaría General, los seis concejales afectados mantenían únicamente los derechos reconocidos legalmente a los ediles no adscritos, pero perdían la posibilidad de seguir desempeñando cargos con dedicación exclusiva o parcial y, por tanto, el derecho a percibir determinadas retribuciones públicas.
El informe también advertía de que la financiación asignada al grupo municipal de Nueva Canarias debía reducirse al pasar de nueve a tres concejales tras la expulsión de los seis cargos electos.
La oposición sostiene que la toma de conocimiento formal por parte del Pleno activaba automáticamente esos efectos administrativos y económicos.
El recurso judicial incluso solicita que, si finalmente los tribunales consideran válida la tesis de la Secretaría municipal, el Ayuntamiento reclame el reintegro de cantidades presuntamente cobradas de forma indebida desde el pasado 5 de mayo.
La denuncia sostiene que el alcalde creó un “procedimiento artificioso”
Uno de los elementos más delicados de la denuncia presentada ante Fiscalía es la acusación de que el alcalde habría diseñado un mecanismo paralelo para neutralizar el informe emitido por la Secretaría General.
El escrito sostiene que Francisco García, al verse directamente afectado por la pérdida de la condición política y económica derivada del informe, evitó incluir inicialmente el asunto en el orden del día del Pleno previsto para el 26 de marzo y buscó informes alternativos favorables a su posición.
Según la denuncia, el alcalde solicitó un dictamen a la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias pese a que, según la oposición, el procedimiento municipal ya estaba jurídicamente definido y correspondía exclusivamente a la Secretaría General emitir el informe preceptivo sobre la condición de no adscrito.
La denuncia sostiene además que el alcalde actuó pese a encontrarse personalmente afectado por el expediente y pese a existir solicitudes de recusación planteadas por otros concejales.
La oposición aporta precedentes del propio Ayuntamiento
Uno de los argumentos más importantes utilizados en la denuncia es la existencia de antecedentes idénticos dentro del propio Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
El escrito recuerda varios casos tramitados en años anteriores por el mismo secretario municipal y bajo gobiernos presididos incluso por el propio Francisco García.
Entre ellos figura el expediente de la concejala Beatriz Mejías Quintana en 2019, además de otros casos en 2023 y 2024 relacionados con Sergio Vega Almeida y José Manuel Moreno Pérez. En todos esos procedimientos, según la denuncia, la condición de concejal no adscrito fue asumida automáticamente mediante informe de Secretaría y posterior dación de cuenta al Pleno sin controversia política ni informes alternativos.
La oposición utiliza esos precedentes para sostener que el procedimiento seguido históricamente en el Ayuntamiento era claro y conocido por la Alcaldía.
El pleno extraordinario del 5 de mayo agravó el conflicto
La confrontación política alcanzó uno de sus momentos más tensos durante el pleno extraordinario celebrado el pasado 5 de mayo, convocado a petición de la oposición para abordar exclusivamente la situación corporativa de los seis concejales expulsados.
Según el recurso contencioso-administrativo, el alcalde dio por tratado el asunto sin permitir que el Pleno tomara conocimiento formal y efectivo del informe emitido por la Secretaría General.
La oposición sostiene además que la Presidencia que cerró unilateralmente la sesión, impidió cuestiones de orden y evitó que el secretario municipal aclarara si la dación de cuenta del informe podía considerarse realizada oficialmente.
El recurso considera que esa actuación “vació de contenido” el pleno extraordinario impulsado por la oposición y vulneró el artículo 23 de la Constitución Española, relativo al derecho de participación política y al ejercicio del cargo público en condiciones de igualdad.
La denuncia sostiene que el Pleno no podía bloquear el informe
El documento remitido a Fiscalía dedica buena parte de su argumentación a defender que la condición de no adscrito no depende de una votación política del Pleno, sino de la concurrencia de hechos objetivos previstos por la ley.
Según esa tesis, el informe de Secretaría no debía ser sometido a aprobación ni reinterpretado políticamente, sino simplemente comunicado formalmente al Pleno para que desplegara sus efectos administrativos.
La denuncia sostiene además que ningún informe alternativo podía neutralizar el emitido por la Secretaría General y que cualquier discrepancia debía resolverse posteriormente ante los tribunales y no mediante decisiones políticas adoptadas por la Alcaldía.
Para reforzar esa posición, tanto el recurso como la denuncia citan jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y de distintos tribunales superiores relacionada con el derecho de participación política de la oposición y el papel de los secretarios municipales como garantes de la legalidad administrativa.
Un conflicto que amenaza la estabilidad política de Santa Lucía
La judicialización de esta crisis agrava todavía más la fractura política abierta tras la ruptura entre varios cargos municipales y Nueva Canarias y su posterior acercamiento a Primero Canarias.
El caso amenaza ahora con convertirse en una larga batalla institucional y judicial con posibles consecuencias económicas, políticas y organizativas dentro del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
La resolución del conflicto puede afectar no solo al equilibrio interno del gobierno municipal, sino también a la continuidad de cargos, dedicaciones y retribuciones públicas dentro de una de las corporaciones locales más importantes de Gran Canaria.
Maspalomas Ahora intentó contactar este jueves con el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, para conocer su versión sobre las denuncias y recursos presentados en relación con este conflicto político y judicial, aunque al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.179