Juan Bordes denuncia una campaña de descrédito y sopesa ampliar su querella por presuntas irregularidades en Urbanismo

El jefe de Disciplina Urbanística, Juan Bordes, responde al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, a quien acusa de impulsar una campaña de descrédito para tapar supuestas irregularidades de calado.

El conflicto parte de las declaraciones de Marichal, que atribuye a Bordes la paralización del área por falta de tramitación de expedientes y bajo rendimiento. Con ese argumento, el edil justifica el fin de la adscripción del funcionario al Ayuntamiento, donde ejercía desde 2022 pese a tener su plaza en el Gobierno de Canarias.

Bordes rechaza de plano esa versión. Aporta cifras que, a su juicio, desmontan el relato oficial y cuestiona el motivo real de su salida. “Se intenta manchar mi nombre para ocultar hechos graves”, sostiene. El funcionario ya presentó una querella y, según asegura, estudia ampliarla también contra Alejandro Marichal al considerar que podrían existir más hechos delictivos, además de por los perjuicios causados a su reputación profesional.

El procedimiento judicial sigue su curso. La denuncia, firmada por el abogado Juan Sánchez Limiñana el 28 de octubre, entró en los juzgados el 3 de noviembre. La magistrada Lorena Quíles acordó su registro como diligencias indeterminadas el pasado 2 de marzo. El caso recae en el Juzgado de Instancia número 4, con el número 457/2026, y queda pendiente de notificación a la concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez.

En su defensa, Bordes subraya la actividad de su departamento. Asegura que en 2025 se iniciaron 96 expedientes sancionadores con una plantilla de cinco personas y un solo instructor. Destaca que ese volumen sitúa al municipio por encima de territorios insulares completos como Lanzarote y cerca de la mitad de la actividad de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural en Gran Canaria.

El funcionario también mira atrás. Afirma que a su llegada no existía ningún expediente abierto en quince años, lo que permitió la prescripción de infracciones urbanísticas. “Resulta incoherente hablar ahora de acumulación sin tramitar”, plantea.

Más allá de la gestión, Bordes lanza acusaciones de carácter económico. Señala la paralización de un expediente que contemplaba una sanción de 950.000 euros por ocupación de dominio público. Según indica, ese importe habría cubierto incentivos salariales de la plantilla municipal.

En ese contexto, critica la retirada total de su productividad tras sus discrepancias con la concejala y denuncia un trato desigual. Asegura que se autorizó una “doble productividad” a otro trabajador, hecho que, en su opinión, podría encajar en un supuesto de malversación.

El relato incluye también un caso concreto que eleva el tono político. Bordes apunta a un local de ocio nocturno, Panamera, sobre el que pesan denuncias por ruidos desde 2019. Afirma que existen órdenes de cierre y sanciones de 30.000 euros que no se han ejecutado. Añade que el negocio continúa abierto pese a incumplir medidas cautelares y desliza posibles vínculos familiares con la responsable municipal del área.

El jefe de Disciplina interpreta su salida y la reducción de sus retribuciones como una represalia. Considera que responde a una estrategia para apartar a perfiles técnicos que se niegan a aceptar decisiones contrarias a la legalidad.

Bordes aporta además detalles personales para reforzar su posición. Explica que en febrero de 2025 solicitó el alta voluntaria tras sufrir una lesión grave en el tobillo. Retomó su actividad en tres semanas, pese a una previsión médica mucho más prolongada, y lo hizo en modalidad de teletrabajo con el objetivo de mantener el servicio operativo.

El enfrentamiento queda ahora en manos de la justicia. El funcionario insiste en que la querella recoge hechos de gravedad y confía en que la investigación aclare responsabilidades dentro del área de Urbanismo.