Marichal niega las acusaciones hacia Urbanismo y vincula la querella al cese del exjefe de Disciplina Urbanística

El enfrentamiento interno en el área de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana centra de nuevo la actualidad municipal. Tras conocerse la querella presentada por el exjefe de Disciplina Urbanística contra la concejala Davinia Ramírez Collado, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, salió al paso de las acusaciones y defendió la actuación del Ayuntamiento.

La denuncia, registrada el 28 de octubre de 2025, atribuye a la edil supuestas irregularidades en la gestión de expedientes, presiones internas y acoso laboral. El escrito solicita diligencias por posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, desobediencia judicial, omisión del deber de perseguir delitos y acoso institucional.

Según el documento, el funcionario asegura que recibió órdenes verbales para frenar procedimientos sancionadores ya iniciados y detener actuaciones urbanísticas en distintos puntos del municipio. También sostiene que varios expedientes quedaron sin avance hasta agotar plazos legales.

Entre los hechos expuestos, cita el cierre de una actividad irregular con resolución sancionadora previa, actuaciones en el paseo de Meloneras y una construcción pendiente de demolición tras sentencia firme.

Respuesta de Alejandro Marichal

Tras la publicación de la querella, Alejandro Marichal rechazó de forma tajante las acusaciones y aseguró que “son rotundamente falsas y no responden a la realidad de lo ocurrido”.

Desde la Concejalía explican que el funcionario se incorporó en julio de 2024 al área de Urbanismo mediante una adscripción provisional procedente de la Administración autonómica. Su misión incluía reducir expedientes acumulados, agilizar trámites administrativos y activar un plan de inspección sobre ocupación de vía pública, terrazas y actividad nocturna.

El Ayuntamiento también fijó un sistema de productividad ligado al cumplimiento de esos objetivos.

Sin embargo, según la versión municipal, el técnico no cumplió las funciones asignadas. Marichal sostiene que el servicio entró en una situación de parálisis, con expedientes sin resolver y sin ejecución de medidas consideradas prioritarias.

Además, añade que el trabajador no acudía a su puesto ni atendía sus obligaciones, pese a percibir una productividad trimestral de 6.800 euros netos.

Fin de la adscripción y retirada de productividades

Ante esa situación, el grupo de gobierno propuso a Recursos Humanos el fin de la adscripción provisional para su regreso a la Administración autonómica. También planteó la retirada del abono de las productividades.

Esa propuesta quedó recogida en un informe fechado el 3 de octubre de 2025. Según Marichal, la decisión respondió al incumplimiento de objetivos y a la necesidad de recuperar el funcionamiento normal del servicio.

El primer teniente de alcalde considera relevante la secuencia temporal de los hechos, ya que la querella llegó semanas después de esa decisión administrativa.

“No es casualidad el momento en el que se producen estas acciones”, afirmó.

“No vamos a dar un paso atrás”

Marichal defendió la actuación del Ayuntamiento y aseguró que “el dinero público exige responsabilidad y no se puede destinar a retribuciones que no están justificadas por el trabajo realizado”.

También lanzó un mensaje de firmeza política: “Vamos a seguir defendiendo el interés general, la legalidad y el uso correcto de cada euro público. No vamos a dar un paso atrás”.

Desde el grupo de gobierno recuerdan, además, que, hasta la fecha, la querella no ha sido notificada a la Concejalía y que no consta su admisión a trámite.