Santa Lucía bloquea el pleno por dudas legales sobre el alcalde y seis concejales

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana atraviesa una situación de bloqueo institucional tras un conflicto jurídico que afecta directamente al alcalde, Francisco García, y a otros cinco concejales, cuya situación legal sigue sin resolverse.

El origen del problema se remonta al 16 de marzo, cuando la dirección de la coalición Nueva Canarias–Frente Amplio Canarista comunicó la expulsión de seis cargos electos y solicitó que pasaran a ser concejales no adscritos. Esta decisión implicaría un cambio profundo en el funcionamiento del Ayuntamiento, ya que supondría la pérdida de grupo político, de recursos económicos y de dedicaciones exclusivas.

Sin embargo, el caso dio un giro tras la intervención del Gobierno de Canarias. Un informe de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia sostiene que los concejales afectados siguen formando parte de la coalición electoral al estar integrados en otro de sus partidos, lo que impediría considerarles como no adscritos y advierte de posibles vulneraciones de derechos fundamentales si se aplicara ese cambio.

Dos criterios jurídicos enfrentados

El informe del secretario municipal y el del Gobierno autonómico llegan a conclusiones opuestas sobre un mismo hecho, generando una inseguridad jurídica que ha paralizado la toma de decisiones.

Durante el pleno, el secretario general dejó claro que no correspondía a la Corporación adoptar ningún acuerdo sobre este asunto, ya que la ley establece únicamente la obligación de dar cuenta de la situación corporativa. En este sentido, subrayó que la responsabilidad de determinar qué se comunica al pleno recae en el alcalde, mientras que su función se limita al asesoramiento jurídico, ratificándose no obstante en su criterio de que los ediles deberían ser considerados no adscritos.

El alcalde, Francisco García, asumió durante la sesión la responsabilidad de decantarse entre ambos criterios y optó por el informe del Gobierno de Canarias, argumentando que incorporaba una valoración más amplia del expediente.

La situación estalló definitivamente en ese momento. La decisión provocó el abandono inmediato de la oposición y dejó la sesión sin capacidad operativa, al no alcanzarse el número mínimo de ediles necesario para aprobar asuntos, evidenciando un bloqueo institucional efectivo.

El propio secretario reconoce en un certificado oficial que no es posible determinar de forma inequívoca cuál es la situación legal de los concejales, ya que ambos informes carecen de carácter vinculante y ninguno prevalece sobre el otro.

Un pleno condicionado por la incertidumbre

Esta contradicción ha tenido un impacto directo en el funcionamiento del Ayuntamiento. El asunto debía abordarse en pleno, pero fue retirado del orden del día ante las dudas legales existentes.

La decisión evitó adoptar una medida que podría haber sido recurrida en los tribunales, en un contexto donde ya existen antecedentes de condenas judiciales por decisiones similares en otros municipios.

Riesgo de judicialización

El conflicto deja al Ayuntamiento en una posición delicada, con la imposibilidad de reordenar su estructura política sin riesgo jurídico.

Cualquier decisión sobre la condición de los concejales podría derivar en un proceso judicial, lo que prolongaría la incertidumbre y afectaría al normal funcionamiento de la institución.

Un problema sin resolver

A día de hoy, la situación sigue sin resolverse de forma definitiva. Aunque el informe del secretario apunta a que los concejales deberían pasar a ser no adscritos, la decisión del alcalde de asumir el criterio del Gobierno de Canarias mantiene, en la práctica, su condición actual dentro del grupo municipal.

Este escenario deja al Ayuntamiento en una posición de provisionalidad jurídica, pendiente de una posible resolución judicial o de una decisión futura que aclare definitivamente el estatus de los ediles.