El PP reprocha a CC que intente apropiarse de avances en la reconstrucción mientras el Cabildo aporta poco a la recuperación

El Partido Popular de La Palma lamenta el nuevo ataque del presidente del Cabildo Insular de La Palma, Sergio Rodríguez, que acusa a los populares de apropiarse de una enmienda del Cabildo a la Ley de viviendas vacacionales cuando la realidad es que el PP lleva más de dos años defendiendo la protección de las viviendas vacacionales afectadas por la erupción volcánica en la isla.

De hecho, tal y como recogen los medios de comunicación, en mayo de 2024, el presidente insular del PP de La Palma, Mariano Zapata se reunió con la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias para solicitar expresamente que la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas recogiera medidas excepcionales que excluyeran a los propietarios de estos alojamientos de la obligatoriedad de cumplir con la antigüedad mínima que, con carácter general, contemplaba el texto inicial de la Ley, permitiéndoles reconstruir y comercializar el uso turístico de estas viviendas en el menor plazo de tiempo posible.

Una propuesta que el PP de La Palma ha trasladado nuevamente al Gobierno y al Parlamento de Canarias para que, aprovechando la tramitación parlamentaria de un nuevo Proyecto de Ley, se incorpore mediante una enmienda in voce para atender la realidad específica de La Palma, especialmente en el Valle de Aridane y garantizar los derechos de los propietarios a recuperar las viviendas y, con ello, las camas sepultadas y la actividad económica que generaban antes de la erupción.

Los populares celebran que el Cabildo de La Palma esté de acuerdo con la propuesta que hizo el PP en 2024 pero consideran “impropio” que Sergio Rodríguez acuse al Partido Popular de hacer política de titulares en lugar de trabajar para defender los intereses de los damnificados, cuando la realidad “evidencia todo lo contrario”.

“Por más que se quiera atribuir el mérito en exclusiva, CC no es el único partido que defiende a los afectados por la erupción volcánica en La Palma” afirmó Raquel Díaz quien considera que “aprobar una medida que protege los intereses los propietarios de las viviendas vacacionales sepultadas por la lava en 2021 va más allá de los intereses partidistas a los que algunos pretenden reducir la política”.

“Desde el PP hemos defendido siempre que esta medida es una cuestión de justicia social para nuestra isla que, cuatro años después de la erupción, sigue necesitando medidas excepcionales como la que proponemos para avanzar en su plena recuperación socioeconómica” añadió la diputada regional.

Finalmente, Díaz se alegró de que “las diferentes formaciones políticas con representación a nivel municipal, insular y regional seamos capaces de coincidir y alinearnos para defender aquellas propuestas que son buenas para La Palma” y  confió en que, en esta ocasión, la enmienda cuente con el respaldo necesario durante su tramitación parlamentaria, especialmente por parte de los grupos de la oposición “porque de esta manera, todos juntos, podremos brindar de una vez por todas a los titulares de viviendas vacacionales, en su gran mayoría familias y pequeños propietarios palmeros, el apoyo que necesitan y se merecen para recuperar cuanto antes estas camas alojativas”.

En concreto, la iniciativa propone que aquellas viviendas vacacionales debidamente habilitadas conforme al decreto 113/2015 y que fueron destruidas por las coladas volcánicas, conserven su número de registro turístico y todos los derechos reconocidos en la ley permitiendo que no sea de aplicación el requisito de antigüedad mínima exigido con carácter general para las nuevas viviendas residenciales que los propietarios quieran destinar al alquiler vacacional.

Para acreditar esta condición, deberán justificar la correspondencia entre la vivienda destruida y la reconstruida mediante su inscripción en el Registro Único de Personas Afectadas por la Erupción Volcánica de La Palma o a través de cualquier otro documento admisible y válido en derecho.

Asimismo, la enmienda plantea que con respecto a los plazos, se tenga en cuenta el momento en el que la vivienda reconstruida obtenga la habilitación de primera ocupación conforme a la normativa vigente siempre y cuando ésta condición se pueda acreditar antes de finales de 2030.

Una propuesta que el Partido Popular de La Palma considera que atiende las demandas de los afectados, aportando una solución justa y adaptada a la realidad, favoreciendo además la reconstrucción económica y social de La Palma, y la recuperación de una oferta alojativa clave para el desarrollo turístico de la isla.