Canarias mantiene en vigor desde hace más de veinte años un sistema que Europa ordenó corregir sin éxito. La Comisión Europea instó en 2005 a eliminar la unidad de explotación turística en apartamentos y bungalows, pero la normativa sigue aplicándose hoy y continúa condicionando el uso de miles de viviendas en el archipiélago.
El aviso quedó recogido en el dictamen de infracción nº 2002/4861, en el que se señalaba la restricción de derechos de los propietarios. Pese a ello, el marco legal no se modificó y el esquema de explotación terminó consolidándose como base del modelo turístico canario.
Los efectos se mantienen. Los propietarios están obligados a ceder la gestión de sus inmuebles a un único explotador. No pueden utilizarlos libremente, ni residir en ellos, ni alquilarlos por su cuenta. Según ASCAV, esta situación afecta a más de 200.000 pequeños propietarios, muchos de ellos anteriores incluso a la aprobación de la Ley 7/1995.
En el sur de Gran Canaria, donde este sistema es predominante en numerosos complejos, el impacto es especialmente visible. Edificios completos funcionan bajo esta fórmula mientras los propietarios asumen costes y pierden control sobre sus viviendas.
Rentabilidad mínima y costes al alza
El desequilibrio económico es uno de los puntos más cuestionados. Las derramas de mantenimiento y mejoras recaen en los propietarios, mientras que los ingresos, en algunos casos, apenas alcanzan los 300 euros mensuales. Una rentabilidad limitada en zonas de alto valor turístico.
Durante distintas crisis del sector, el problema se hizo más evidente. Algunos complejos quedaron sin explotador y los propietarios quedaron en una situación sin salida clara. Sin actividad turística real y sin posibilidad legal de destinar sus viviendas a uso residencial o vacacional.
Sanciones por usar la propia vivienda
A esta situación se suma un historial de sanciones. Propietarios multados por utilizar sus apartamentos o por alquilarlos fuera del circuito establecido. En muchos casos, la única vía ha sido acudir a los tribunales.
La contradicción ha sido recurrente. Complejos sin actividad turística efectiva han seguido sujetos a un uso exclusivamente turístico, sin alternativas legales para sus propietarios.
El conflicto ha vuelto ahora al debate público. El Gobierno de Canarias ha reconocido que deberá modificar la normativa, pero lo hace por exigencias de la Unión Europea y no por una revisión propia del modelo ni por la presión acumulada durante años.
Europa vuelve a intervenir
ASCAV, que llevó nuevamente el caso a Bruselas en 2022, reclama medidas inmediatas. Entre ellas, la paralización de sanciones mientras no se restablezcan los derechos de los propietarios.
El foco europeo se extiende también a la futura Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda. La asociación advierte de que podría vulnerar normativa comunitaria si no se corrige su planteamiento.
Tras su última estancia en Bruselas, ASCAV trabaja en un informe que será analizado por la Comisión Europea. Canarias llega con más de dos décadas de retraso a una obligación que ya estaba definida desde 2005.
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