El Cabildo de La Palma ha reclamado en el Parlamento de Canarias una aplicación “sensible y diferenciada” del Decreto Ley 3/2026, con el objetivo de que las ayudas prioricen a los territorios afectados por la triple insularidad. La consejera de Promoción Económica, Miriam Perestelo, respaldó la norma como un ejercicio de responsabilidad, aunque advirtió que la Isla afronta esta coyuntura con una “mochila mucho más pesada” por la reconstrucción volcánica.
Durante la Comisión de Cabildos, Perestelo defendió que “Canarias no es una realidad uniforme” y alertó del impacto del encarecimiento del combustible y del transporte marítimo en el sector primario palmero, donde estos costes resultan determinantes para la viabilidad de agricultores y ganaderos.
En paralelo, criticó la falta de implicación del Estado en el proceso de reconstrucción y denunció que la Isla ha asumido competencias y gastos que no le correspondían para evitar el bloqueo. En esta línea, consideró “sin sentido económico y moral” mantener recursos inmovilizados por las reglas fiscales mientras familias y empresas afrontan las consecuencias del volcán y del contexto internacional.
El Cabildo instó así al Gobierno central a flexibilizar estas limitaciones y liberar fondos, al tiempo que apeló a la unidad institucional. “La igualdad en Canarias no consiste en repartir igual, sino en corregir las desigualdades reales”, sostuvo Perestelo.
Por último, la consejera avanzó que la institución trabaja con los sectores económicos insulares para definir medidas complementarias, con el fin de reforzar la respuesta ante la actual situación.









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