¿Tiene derecho una empresa privada a secuestrar una fiesta popular? No. Y tampoco lo tiene nadie a convertir un debate legítimo en una coartada para justificar lo injustificable.
Porque aquí hay dos planos que no se deben mezclar. Uno es el de la gestión —o apropiación— de lo que debería seguir siendo colectivo. Y otro, muy distinto, es el de las consecuencias.
¿Tiene algo que ver tanta soflama con la vandalización del paseo y el perjuicio directo a la conexión peatonal entre El Pajar y Arguineguín? La pregunta es incómoda, pero pertinente. Cuando el discurso se eleva en tono y se simplifica en bandos, el riesgo no es teórico: es real.
Ni todo vale en nombre de lo popular, ni todo se justifica en nombre del conflicto. Porque al final, quien paga las consecuencias no es el que grita más fuerte, sino el vecino que ve cómo se deteriora lo que usa cada día.

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