El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nula de pleno derecho la revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria aprobada en 2022. El fallo, fechado el 8 de abril de 2026, cuestiona la adaptación del documento a una normativa ya derogada en gran parte y abre un escenario de revisión del principal instrumento de planificación territorial de la isla.
Miguel Jorge advierte de que la decisión judicial obliga a actuar con rapidez para evitar incertidumbre en el desarrollo insular, especialmente en zonas estratégicas como el sur de Gran Canaria, donde el planeamiento afecta directamente a la actividad económica y turística. “La prioridad debe ser garantizar seguridad jurídica y estabilidad para la inversión”, señala.
El dirigente insiste en que el Cabildo disponía de margen suficiente para adecuar el documento a la legislación vigente y sostiene que el fallo evidencia la necesidad de una revisión técnica profunda del modelo de ordenación. También reclama que el debate se centre en el cumplimiento de la legalidad y en la protección del interés general.
La sentencia abre la puerta a recursos ante instancias superiores, mientras el futuro del planeamiento insular queda a la espera de nuevas decisiones judiciales y administrativas.
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