La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) ha valorado la anulación del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC) y considera que la resolución judicial respalda sus críticas a un modelo territorial que califica de “agotado, injusto e insostenible”.
El colectivo sostiene que el plan vulneraba derechos de propiedad y dejaba sin efecto la compatibilidad entre uso residencial y turístico recogida en la Ley 4/2017. A su juicio, esa limitación carecía de justificación y rompía una convivencia que, según afirma, ha existido de forma tradicional en determinadas zonas.
Uno de los puntos más cuestionados pasa por la especialización de usos en municipios turísticos como San Bartolomé de Tirajana y Mogán. La plataforma advierte de que esta medida afecta a suelos urbanos ya consolidados y puede provocar el desplazamiento de residentes.
“La propuesta no responde al interés general y afecta a derechos consolidados”, señalan, al tiempo que alertan del impacto económico para los ayuntamientos si se limitan esos usos.
El colectivo también critica la visión del territorio que, en su opinión, plantea el plan. Considera que reduce el sur de la isla a un espacio orientado al visitante, sin presencia suficiente de población local. En ese contexto, menciona enclaves como las Dunas de Maspalomas o el Roque Nublo como ejemplos de espacios que, según defiende, forman parte de la identidad insular.
La PALT cuestiona además la idea de aumentar la presión turística sin consecuencias sociales. A su entender, el modelo basado en ampliar la oferta alojativa conlleva pérdida de espacio para residentes y cambios en la vida cotidiana.
Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la plataforma considera que se abre la puerta a replantear la ordenación del territorio. Su planteamiento pasa por un modelo en el que convivan residentes y actividad turística, sin separar usos de forma estricta.








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