La justicia ha puesto orden donde algunos intentaban sembrar confusión. La jueza Beatriz Rallo ha frenado en seco la estrategia de Primero Canarias y del concejal Samuel Henríquez en San Bartolomé de Tirajana. No hay suspensión cautelar. No hay paraguas judicial. Y, sobre todo, no hay escapatoria al concepto clave: transfuguismo.
Henríquez fue elegido en la lista de Nueva Canarias–Frente Amplio Canarista. Después rompe con el partido que lo colocó ahí y se recoloca en otro dentro de la misma coalición. Intentan venderlo como un simple cambio interno. La jueza lo desmonta sin titubeos. Sin consentimiento del partido de origen, eso es transfuguismo. Y punto.
Más aún. El auto no se queda en lo formal. Apunta a algo más grave. Lo ocurrido encaja, “a primera vista”, como una transgresión del pacto de coalición y un posible fraude de ley. Es decir, no solo es discutible políticamente, es jurídicamente reprobable.
¿Y qué implica esto en San Bartolomé? Consecuencias directas y duras. Henríquez queda expuesto a pasar a concejal no adscrito. Seguirá teniendo voz y voto, sí, pero pierde lo que de verdad da poder: estructura, recursos, influencia y capacidad de negociación. En política municipal eso es quedarse en la orilla.
El intento de frenar todo esto por la vía rápida tampoco ha funcionado. La jueza rechaza las cautelares porque no ve base jurídica suficiente. Traducido: el argumento de defensa no se sostiene.
Y aquí está lo incómodo para Primero Canarias. El relato que han intentado construir —que no son tránsfugas— empieza a desmoronarse justo donde más importa, en los ayuntamientos. En San Bartolomé de Tirajana ya no es un debate teórico. Es un problema real, con efectos reales.
El auto no es firme. Se puede recurrir. Pero el mensaje ya está lanzado y es difícil de maquillar: cambiar de partido sin permiso no es una “reconfiguración política”. Es transfuguismo. Y tiene consecuencias. Ahora solo queda esperar si el Ayuntamiento mueve ficha y los encasilla en el grupo político al que ahora pertenecen.

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