UGT acusa de abrir otro frente en enseñanza concertada a la Consejería Educación

El sindicato UGT acusó a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de "abrir otro frente" de conflictividad con los profesores de la enseñanza privada concertada, además del que tiene con los de la pública hace tres cursos, al no aplicar la subida salarial que les corresponde. Subida salarial que está prevista en el convenio colectivo del sector, que "fue suscrito en febrero de 2008 y publicado en el BOE el 23 de abril", pero que, según destaca el sindicato en un comunicado, todavía no ha hecho efectiva la Consejería de Educación autonómica. Ésta "siempre ha tenido buenas palabras a los requerimientos de FETE-UGT, pero lo cierto es que en la nómina de agosto el salario del profesorado ha sido el mismo que en 2007", asegura. Añade que "la consecuencia más visible es la de tener que pagar con recargo las cotizaciones a la Seguridad Social" y que, "con esta política, es normal que la Consejería de Educación se quede siempre en promesas y nunca en realidades". Destaca, además, que la referida situación "obliga al profesorado a contratar nuevos préstamos para poder pagar sus hipotecas y los compromisos económicos contraídos". Por ello, anuncia que, "de no darse una solución urgente al problema", promoverá "entre el profesorado de la enseñanza privada concertada una campaña de reclamación de intereses por los meses de retraso en la actualización de los salarios". El sindicato asegura que este problema se enmarca en una forma de hacer política de los actuales responsables de la Consejería de Educación que ha generado otros perjuicios al referido colectivo de docentes. "Desde que tomó posesión doña Milagros Luis Brito como consejera de Educación, ha sido política habitual en esta administración la de eternizar la solución a cualquier tipo de asunto que se plantee", señala, en esa línea. Y apostilla: "esperemos que en el presente curso escolar no ocurra lo mismo y se dé solución a todos los problemas que afectan a la enseñanza privada concertada, y, en especial, alcanzar un acuerdo sobre plantillas, que las equiparen con las de la enseñanza pública". "Garantizar la paz escolar es una de las obligaciones de la Administración pública", afirma, para finalizar, el sindicato, que sentencia: "las actuaciones de la Consejería de Educación en estos últimos tiempos contradicen esta afirmación".