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CANARIAS

Los salones de juego en Canarias deberán impedir la entrada de menores con control obligatorio de acceso

El Gobierno autonómico ultima un nuevo decreto que endurece la regulación del sector, refuerza la protección a la infancia y modifica el sistema de acceso a locales de apuestas

MASPALOMAS AHORA
Lunes, 13 de Abril de 2026
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Los salones recreativos y de apuestas de Canarias deberán contar obligatoriamente con un servicio de admisión que impida el acceso de menores de edad a las zonas de juego, según contempla el nuevo decreto sobre juegos y apuestas que ultima el Gobierno autonómico y cuya planificación fue trasladada este lunes al Parlamento regional tras su aprobación en Consejo de Gobierno.

La medida forma parte de una reforma normativa impulsada por el Ejecutivo canario con la que se pretende reforzar el control sobre el sector, aumentar la protección de colectivos vulnerables y actualizar la regulación vigente adaptándola a la realidad actual del mercado del juego.

Entre los cambios previstos también figura la modificación del Registro de Prohibidos de Acceso al Juego. A partir de ahora, las inscripciones voluntarias o solicitadas por terceros tendrán carácter indefinido, aunque podrán cancelarse una vez transcurridos seis meses desde su activación.

La futura norma tendrá una planificación inicial de cinco años, prorrogable por otros cinco, y se suma a las medidas de protección a la infancia ya aprobadas por Canarias en anteriores reformas legislativas, entre ellas la limitación de apertura de nuevos locales cerca de centros educativos.

Con esta actualización, el Gobierno busca reforzar especialmente la vigilancia sobre el acceso de menores y el control de la actividad en los establecimientos de apuestas repartidos por todo el archipiélago.

Otros asuntos

En la misma sesión, el Consejo de Gobierno abordó además otros asuntos de carácter administrativo e institucional, entre ellos la aprobación del plan de ordenación del personal laboral de la Administración autonómica, la creación del Comité de Igualdad de la Administración General, el reinicio de la tramitación de la futura Ley de Biodiversidad de Canarias y la puesta en marcha de una nueva unidad estadística vinculada al sector primario.

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