Un informe jurídico frena la municipalización de la publicidad urbana en San Bartolomé de Tirajana

El grupo municipal socialista de San Bartolomé de Tirajana ha denunciado la gestión del primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, tras un informe jurídico que frena su intento de municipalizar la explotación de la publicidad en mobiliario urbano mediante su encargo a Gesvisur.

El documento técnico concluye que esta actividad no puede considerarse un servicio público, sino un uso privativo del dominio público con finalidad lucrativa, por lo que rechaza la fórmula planteada y establece que la vía adecuada pasa por una licitación pública mediante concesión.

El informe no solo invalida la hoja de ruta del área de Urbanismo, sino que además pone el foco en la situación de la actual adjudicataria, Mompex (M.C. Comunicación Vial). Según recoge el texto, no existen razones de interés público que justifiquen la prolongación del acuerdo transaccional vigente, cuyo contrato original finalizó en 2012 y quedó extinguido en 2020.

Asimismo, se requiere a la empresa que justifique con urgencia los ingresos declarados desde el tercer trimestre de 2024, ante la ausencia de documentación que acredite que el Ayuntamiento percibe el 3% estipulado.

Desde el PSOE interpretan este pronunciamiento como un nuevo correctivo técnico a la gestión de Marichal. La portavoz socialista, Conchi Narváez, sostiene que el concejal, actúa "como un auténtico kamikaze de la
política" y “al margen del rigor administrativo”.

"Su obsesión por el poder y por acaparar titulares le lleva a saltarse los requisitos, los plazos y los procedimientos más básicos de la administración pública. Mira hacia otro lado frente a la ley con tal de imponer su criterio, sin importarle las consecuencias jurídicas o económicas para el municipio", afirma Narváez.

Además, señalan, esta no es una situación aislada. "Una y otra vez vemos, de forma reiterada, cómo los técnicos municipales tienen que advertirle de que no está haciendo las cosas bien. Ya se lo hemos dicho desde la oposición en multitud de ocasiones con otros expedientes, como el del convenio con VISOCAN", insisten desde el partido.

Ante este escenario, los socialistas exigen al ejecutivo municipal que asuma el criterio técnico, corrija el procedimiento y convoque un concurso público que permita adjudicar el servicio a una empresa especializada, la cual, a su juicio, garantizaría seguridad jurídica y un retorno económico ajustado a la legalidad para las arcas municipales.