Un informe jurídico ha frenado el intento del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de asumir directamente la explotación de la publicidad en mobiliario urbano y obliga a replantear el modelo hacia una licitación pública.
El documento, firmado por la jefa de Servicio de Patrimonio y al que ha tenido acceso Maspalomas Ahora, concluye que esta actividad no puede considerarse un servicio público, sino un uso privativo del dominio público con finalidad lucrativa. En consecuencia, descarta la fórmula planteada desde el área de Urbanismo, que pretendía encargar su gestión a la empresa pública Gesvisur.
La única vía legal, según el informe, pasa por sacar la explotación a concurso mediante concesión, garantizando los principios de concurrencia y competencia.
Una concesión caducada que sigue operando
Más allá del modelo de gestión, el informe pone el foco en la situación actual de la explotación publicitaria en el municipio. La empresa M.C. Comunicación Vial continúa operando pese a que el contrato original finalizó en 2012 y fue declarado extinguido por el propio Ayuntamiento en 2020.
A pesar de ello, la actividad se mantiene mediante un acuerdo transaccional posterior que ha prolongado la explotación en un escenario de interinidad. Los técnicos municipales advierten de que no existen razones de interés público que justifiquen alargar esta situación, basada en prórrogas automáticas sin un límite temporal claro.
Dudas sobre los ingresos y el control municipal
El informe también detecta deficiencias en el control económico de la concesión. Aunque la empresa abona al Ayuntamiento un canon del 3% de sus ingresos, no consta en el expediente documentación que permita verificar si las cantidades declaradas se corresponden realmente con la facturación obtenida.
Además, tampoco existe un estudio económico-financiero que justifique ese porcentaje ni garantice el equilibrio de la explotación durante el periodo transitorio, lo que deja en el aire el retorno económico real para las arcas municipales.
El plan de Gesvisur, descartado
El intento del grupo de gobierno de encargar la gestión a la empresa pública Gesvisur queda igualmente invalidado. El informe concluye que este mecanismo solo es aplicable a servicios públicos, condición que no cumple la explotación publicitaria, al tratarse de una actividad económica vinculada al uso privativo del espacio público.
El PSOE carga contra la gestión
Tras conocerse el contenido del informe, el grupo municipal socialista ha criticado la gestión del primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal. La portavoz, Conchi Narváez, acusa al responsable de Urbanismo de actuar “al margen del rigor administrativo” y de repetir errores ya advertidos por los técnicos municipales en otros expedientes.
Los socialistas reclaman ahora que el Ayuntamiento asuma el criterio jurídico, ponga fin a la actual situación de interinidad y convoque un concurso público que garantice seguridad jurídica y mayor rentabilidad para el municipio.
Un negocio pendiente de regularización
La explotación de la publicidad en mobiliario urbano, vinculada a vallas, mupis y soportes en zonas turísticas, representa una actividad con importante potencial económico. El informe abre ahora la puerta a una regularización completa del sistema tras más de una década de prórrogas y decisiones administrativas cuestionadas.
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