La asociación palmera Tierra Bonita ha reclamado formalmente al Cabildo de Tenerife y a INVOLCAN que publique en tiempo real los datos de su red de vigilancia volcánica y que mejore la transparencia sobre subvenciones, contratación de personal y gestión interna.
En escritos dirigidos a Rosa Dávila, presidenta del Cabildo y del consejo de administración de INVOLCAN, el colectivo sostiene que “los datos de estaciones financiadas con fondos públicos deben estar disponibles de forma libre y gratuita” y critica que los informes periódicos actuales, conocidos como Guayota, resultan “claramente insuficientes”.
Tierra Bonita recuerda que INVOLCAN es una sociedad mercantil dependiente del ITER y que su actividad se financia con recursos públicos. Por ello, la asociación considera que los registros sobre sismicidad, gases y deformación del terreno “no pueden considerarse propiedad intelectual, sino hechos medibles que deberían publicarse de inmediato”.
El colectivo critica además que “la transparencia en este ámbito responde a un deber ético inherente a cualquier organismo que desempeñe funciones vinculadas a la seguridad de la población”.
La asociación solicita información detallada sobre subvenciones, contratos, convenios y ejecución del gasto, y reclama aclarar “los procedimientos de contratación y los criterios aplicados en los procesos de selección”, ante lo que considera “una preocupante falta de transparencia en el acceso al empleo” en INVOLCAN.
Tierra Bonita advierte que, de no recibir respuesta completa, elevará la cuestión a la comisionada de Transparencia de Canarias, señalando que se trata de “un asunto de interés público, especialmente sensible en el actual contexto de actividad volcánica anómala en Tenerife”.
El colectivo vincula su reclamación con la persistente desconfianza social hacia las instituciones científicas y la gestión del PEVOLCA durante la erupción de La Palma en 2021. Según Tierra Bonita, esa desconfianza “nace del fracaso de la gestión política y científica de aquella emergencia, marcada por la ausencia de evacuación preventiva y por la falta de información a la población sobre el desplazamiento de la zona de máximo peligro”.
La asociación concluye que “si el Cabildo de Tenerife quiere aprender de las lecciones de la erupción de La Palma, debe ofrecer ahora muestras reales de transparencia, en un momento en que la isla registra actividad volcánica anómala creciente desde 2016”.
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