Las cosas de la política a veces parecen venir de otro mundo, pero acaban tomando forma muy concreta. Es lo que ha ocurrido con las declaraciones de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Pocos esperaban que generaran tanta reacción, pero así fue. Porque, como suele pasar en el sur de Gran Canaria, siempre hay una capa más profunda, la del mensaje directo y sin filtros, como ocurre en Acafrán.
Para no perdernos, el punto de partida está en este miércoles. Bueno lamentó públicamente la falta de comunicación entre su ayuntamiento y el área de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, gestionada por CC. Denunció “la falta de coordinación, comunicación y consideración” de la Concejalía de Festejos, que reprogramó actos del carnaval en las mismas fechas ya fijadas por Mogán —la Gala Drag del 26 de marzo y la Cabalgata del 28—. Una decisión que, según el consistorio moganero, obligó a modificar su programación pese a existir alternativas que habrían evitado el conflicto.
Un día después del Torrente acontecimiento, ya con el cielo algo más despejado —al menos en lo meteorológico—, el foco cambió pero la tensión no. Los ayuntamientos de Mogán y una parte del gobierno, esta vez el socio PP-AV de San Bartolomé de Tirajana han solicitado una reunión urgente con el Cabildo de Gran Canaria y Red Eléctrica. El objetivo en analizar el impacto de los últimos episodios en el Barranco de Arguineguín y revisar las actuaciones vinculadas al proyecto de la central hidroeléctrica Chira-Soria.
El movimiento no es menor. Más allá del contenido técnico, lo que deja entrever es una fractura política cada vez más visible dentro del propio gobierno de San Bartolomé de Tirajana, al menos en este tipo de relaciones interadministrativas, con posiciones que ya no se disimulan.

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