El Gobierno de Canarias ha reclamado al Estado compensaciones económicas o la flexibilización de las reglas fiscales para financiar un escudo social propio ante el impacto de la guerra de Irán, tras constatar que el decreto estatal aprobado por el Consejo de Ministros apenas beneficia al archipiélago.
El presidente Fernando Clavijo y el vicepresidente Manuel Domínguez trasladaron esta exigencia a representantes empresariales y sindicales en el Consejo Asesor, donde abordaron un paquete de 20 medidas destinadas a mitigar el encarecimiento del combustible.
Ambos denunciaron que gran parte de las 80 acciones estatales no se adaptan a la realidad insular y tendrán un efecto limitado en Canarias, pese a que sí afectarán a sus ingresos.
Con el respaldo de los agentes sociales, el Ejecutivo autonómico plantea dos vías para desplegar su estrategia sin comprometer otros servicios esenciales: recibir financiación directa del Estado o poder recurrir al endeudamiento.
Entre las medidas previstas figuran la aplicación del IGIC cero a productos básicos, el uso del Régimen Especial de Abastecimiento para abaratar costes, la devolución del 99% del impuesto sobre combustibles a transportistas, ayudas al sector primario, bonos energéticos y apoyo a familias vulnerables.
Además, el Gobierno canario ha activado un plan de vigilancia del mercado de combustibles que incluye un estudio específico, seguimiento diario de precios y la posibilidad de sanciones o intervención de competencia ante incrementos injustificados.








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