La asociación considera que la planta, promovida por el Cabildo de La Palma en Breña Baja, no está justificada por la situación hídrica actual y supone un alto consumo energético en un sistema insular dependiente de combustibles fósiles.
Agua para La Palma señala que la isla ha registrado lluvias normales en los últimos dos años y que sus acuíferos mantienen reservas suficientes, por lo que cuestiona el uso de la vía de emergencia para habilitar la infraestructura. La asociación advierte además del incremento de la demanda eléctrica, en un sistema con baja penetración de energías renovables y frecuentes cortes de suministro.
El coste de la instalación asciende a 2,13 millones de euros, a lo que se suman obras accesorias, como la conexión al canal LP-1. El Cabildo justifica la desaladora por la reducción de caudal en los pozos del Valle de Aridane debido a la salinización de sus aguas, atribuida a gases volcánicos según el informe del Instituto Geológico y Minero, aunque Agua para La Palma defiende que la causa es la intrusión marina por sobreexplotación.
La asociación también critica la lentitud en otras actuaciones hidráulicas prioritarias, como el entubamiento del canal LP-1 y la perforación del Túnel de Trasvase, y cuestiona los datos de los embalses, que según el colectivo no reflejan con exactitud la disponibilidad real de agua.
Agua para La Palma solicita al Cabildo la paralización de la desaladora de Breña Baja y un cambio de enfoque hacia la planificación del uso de agua subterránea y la reparación de infraestructuras existentes.









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