El Gobierno de Canarias aprobó este lunes un nuevo decreto que cambia el sistema de adjudicación de viviendas públicas, sustituyendo el sorteo por un procedimiento de baremación basado en criterios objetivos de situación económica, social y familiar.
De esta manera, quienes viven y trabajan en la isla, especialmente los colectivos con más necesidades, tendrán más oportunidades de acceder a un hogar.
La inscripción en el Registro de Demandantes se simplifica, ya que, ahora los solicitantes podrán tramitarla por internet mediante un formulario con declaración responsable, sin necesidad de citas presenciales.
Además, el decreto refuerza los criterios de arraigo, porque será necesario acreditar entre doce y quince años de residencia en Canarias y al menos cinco años de permanencia o actividad laboral en el municipio donde esté la vivienda. Solo las víctimas de violencia de género quedan exentas de este requisito si han tenido que abandonar su localidad por seguridad.
Por otro lado, se amplían las reservas para colectivos prioritarios, con un 20 % de las viviendas para jóvenes de hasta 35 años, un 10 % para mayores de 65, un 10 % para personas con discapacidad severa y un 8 % para víctimas de violencia de género. Las personas emigrantes retornadas podrán acceder hasta al 1 % de las viviendas de cada promoción.
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