La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional sostuvo este jueves que las viviendas vacacionales de propietarios particulares inscritas en el Registro Turístico antes de la entrada en vigor de la Ley 6/2025 deben ser consideradas “actividad clasificada inocua” en el ámbito municipal, al entender que “la VV no es actividad económica si la explotan sus propietarios y no prestan servicios propios de hostelería según la Agencia Tributaria”.
La presidenta de ASCAV, Doris Borrego Reyes, respondió en una carta abierta al presidente de Ashotel y de la CEHAT, Jorge Marichal, quien había cuestionado públicamente ese planteamiento.
Marichal ironizó sobre el concepto de “actividad clasificada inocua” y afirmó que declarar inocuas las viviendas vacacionales constituye “un hallazgo semántico digno de estudio”. A su juicio, la expansión del modelo tiene efectos sobre el entorno urbano, con “tensión en el acceso a la vivienda, transformación de barrios, presión sobre servicios públicos” y la “sensación de vivir permanentemente en un pasillo con maletas rodando”.
El dirigente hotelero defendió que “clasificar no es condenar” y que “regular no es prohibir”, y sostuvo que “un negocio turístico no puede ser declarado actividad económica inocua” por razones de simplificación administrativa.
También advirtió de que “la inmensa mayoría de las viviendas vacacionales existentes en Canarias han salido del mercado residencial para integrarse en el mercado turístico” y subrayó que “no son los únicos responsables del problema de vivienda en Canarias, desde luego, están en la ecuación del problema”.
Por su parte, Borrego recalcó que la asociación no representa a “grandes fondos de inversión” ni a “grandes tenedores”, sino a propietarios particulares y gestores, y precisó que no piden "la inocuidad para los edificios o complejos completos de viviendas vacacionales”. A su juicio, exigir alta en actividades económicas a nivel municipal deja “fuera a todos los pequeños propietarios de VV de Canarias” y genera “inseguridad jurídica”.
La presidenta de ASCAV rechazó que el alquiler vacacional sea la causa de la falta de vivienda y afirmó que “solo la seguridad jurídica para los propietarios de viviendas va a abrir las 211.000 vacías para uso residencial”. Además, tendió la mano al sector hotelero al señalar que “nos une más de lo que nos separa” y apostar por “dialogar y llegar a consensos”.
El cruce de cartas vuelve a abrir el debate sobre la ordenación del alojamiento turístico en el archipiélago tras la aprobación de la Ley 6/2025 y en un contexto de discusión pública sobre el acceso a la vivienda.
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