La Asociación Tierra Bonita ha interpuesto un recurso potestativo de reposición contra el Decreto 2026/208 del Cabildo de La Palma, que mantiene una zona de exclusión superior a 12,5 kilómetros cuadrados en el Valle de Aridane tras la erupción volcánica de 2021. El ámbito afecta tanto a terrenos cubiertos por lava como a áreas no alcanzadas por las coladas, entre ellas Puerto Naos y La Bombilla.
El colectivo sostiene que, más de cuatro años después de la catástrofe, las restricciones persisten “con arbitrariedad, sin base científica e incumpliendo la jerarquía normativa”, al contradecir leyes de rango superior. También cuestiona que se mantengan limitaciones en núcleos con viviendas habitadas de forma permanente, lo que considera “jurídicamente insostenible”, y critica la “insuficiencia de la justificación técnica del umbral de 700 ppm de CO₂” fijado como criterio de habitabilidad.
Asimismo, advierte de una “posible desviación de poder y/o un exceso en la potestad administrativa” al delimitar una zona cuya competencia podría no estar expresamente habilitada por norma suficiente. A su juicio, el decreto ignora la Ley 5/2025 de Volcanes de Canarias, la Ley 2/2024 de medidas territoriales y urbanísticas para la recuperación tras la erupción y la Ley 3/2024 en materia agraria para la recuperación económica y social de La Palma.
La asociación pone como ejemplo de esa supuesta arbitrariedad la exclusión de las coladas situadas bajo la carretera LP-213, entre La Laguna y Las Norias, coincidente con zonas de cultivo de plataneras, así como la omisión de terrenos desde el camino del Atajo —“incluyendo la actividad ilegal de machaqueo”— hasta el cruce de La Laguna.
En paralelo, denuncia una presunta obstrucción a la justicia en el procedimiento contencioso-administrativo contra un decreto anterior, al afirmar que el Cabildo habría ocultado información y dificultado la remisión del expediente al Tribunal Superior de Justicia de Canarias pese a requerimientos reiterados. “Esta opacidad sistemática genera una indefensión inaceptable y vicia de raíz la legalidad de los actos que emanan de una Administración que se niega a actuar con la debida transparencia y diligencia”, expone.
El recurso también impugna la continuidad del semáforo volcánico en amarillo, al entender que el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias lo concibe como una fase transitoria preeruptiva. Además, el colectivo reprocha la ausencia de participación efectiva de las personas afectadas y la falta de convocatoria del Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma, previsto en la Ley 2/2024 y aprobado por el Cabildo en abril de 2023.
Tierra Bonita interpreta que no existe voluntad de aplicar las normas aprobadas para la reconstrucción del Valle de Aridane y advierte de posibles cambios legislativos orientados a modificar la Ley 3/2024. En este contexto, define el recurso como “un grito de auxilio de la ciudadanía palmera” y anima a los afectados a exigir transparencia y la activación del citado consejo.
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