El Supremo estudiará si la pandemia justifica revisar el canon de los hoteles en la costa de Mogán

El Tribunal Supremo ha decidido entrar a analizar un recurso clave sobre la gestión de los hoteles situados en la franja costera de Mogán, centrado en si la pandemia del COVID-19 puede justificar una reducción o revisión del canon que abonan las empresas concesionarias al Ayuntamiento. La decisión abre la puerta a una interpretación jurídica de alcance estatal en materia de concesiones administrativas en contextos excepcionales.

Según adelantó La Provincia, el alto tribunal ha admitido a trámite un recurso de casación presentado por una operadora hotelera, con el objetivo de aclarar si una situación extraordinaria como la pandemia puede encajar legalmente en el concepto de fuerza mayor y, por tanto, permitir una modificación de las obligaciones económicas derivadas de la concesión.

El debate no es menor. Durante los meses más duros de la crisis sanitaria, buena parte de los establecimientos turísticos permanecieron cerrados o con actividad mínima, lo que generó tensiones económicas que algunas empresas trasladaron a los ayuntamientos mediante solicitudes de reducción de cánones o exenciones temporales. En Mogán, uno de los municipios con mayor concentración de hoteles en dominio público marítimo-terrestre, este conflicto adquirió especial relevancia.

Hasta ahora, distintos tribunales habían ofrecido interpretaciones dispares sobre este tipo de reclamaciones, lo que ha llevado al Supremo a intervenir para fijar doctrina. El fallo que resulte de este procedimiento servirá de referencia no solo para Mogán, sino para otros municipios turísticos de Canarias y del resto del Estado con concesiones similares.

Desde el ámbito municipal, la cuestión se observa con cautela, ya que una eventual resolución favorable a las empresas podría tener impacto directo en los ingresos públicos y en la gestión futura de las concesiones. En sentido contrario, una decisión restrictiva reforzaría el criterio de que las obligaciones contractuales se mantienen incluso en escenarios de crisis extraordinaria.

El pronunciamiento del Supremo no será inmediato, pero su admisión a trámite ya marca un punto de inflexión en un debate que combina derecho administrativo, sostenibilidad financiera municipal y el modelo turístico del litoral canario.