CANALUZ Y CSIF Sellan en Vecindario un convenio estratégico para ofrecer electricidad renovable con tarifa preferente a afiliados del sindicato

Canaluz y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han firmado en Vecindario un convenio de colaboración que permitirá a empleados públicos y trabajadores del sector privado con representación sindical acceder a una tarifa eléctrica exclusiva con energía 100 % renovable, precio estable y sin permanencia. El acuerdo, formalizado en la sede de la comercializadora en Santa Lucía de Tirajana, entra en vigor desde este momento y nace con vocación de crecimiento tanto en Canarias como a nivel estatal.

La iniciativa se dirige a un colectivo amplio dentro del ámbito sindical. CSIF cuenta con miles de afiliados en Canarias entre personal de administraciones públicas y empresas privadas, y supera el centenar de miles a nivel nacional, lo que sitúa el convenio como una herramienta con capacidad real de expansión y penetración en el mercado energético.

Precio estable, energía renovable y amplio alcance

El director general de Canaluz, Lorenzo Muñoz Cerdeña, destacó el carácter estratégico del acuerdo por su impacto directo en la economía de los trabajadores y por el volumen potencial de beneficiarios. Según explicó, el convenio se sustenta en tres elementos clave: precio estable, suministro con energía renovable certificada y acceso extendido al sector público.

El responsable de la compañía subrayó que la tarifa permitirá a los usuarios contar con continuidad en el coste de la electricidad, sin incrementos, lo que aporta previsibilidad al gasto doméstico. También remarcó el valor del acuerdo como alianza poco habitual entre una comercializadora energética y una organización sindical.

Muñoz incidió además en el posicionamiento de Canaluz como empresa de capital canario con proyección nacional, destacando su crecimiento progresivo dentro del sector energético y su apuesta por la transparencia y la claridad en la factura eléctrica, un elemento que la compañía considera diferencial en un mercado complejo para el consumidor.

Impacto social y mejora del poder adquisitivo

Desde el sindicato, el presidente provincial de CSIF en Las Palmas, Javier Cruz Sánchez, explicó que el convenio se enmarca dentro de la acción social de la organización, orientada a generar beneficios económicos directos para sus afiliados. CSIF se financia exclusivamente mediante las cuotas de sus miembros, lo que, según señaló, obliga a impulsar acuerdos que mejoren de forma tangible su día a día.

El dirigente sindical destacó que la electricidad es un consumo universal, por lo que el acceso a condiciones ventajosas en este servicio supone una mejora directa del poder adquisitivo del colectivo. Además, subrayó que el acuerdo combina ahorro económico con sostenibilidad ambiental al tratarse de suministro renovable certificado.

Acceso digital y previsión de expansión

Los afiliados podrán acceder a las condiciones del convenio a través de los canales habituales del sindicato, incluida su aplicación móvil, donde se publicará la información y los procedimientos de contratación. Canaluz ha habilitado además una plataforma digital específica vinculada al acuerdo para facilitar el acceso a la oferta.

Ambas entidades confirmaron que el modelo podría trasladarse a otras comunidades autónomas. La estructura organizativa y el volumen de afiliación del sindicato permiten plantear una extensión progresiva del convenio fuera del archipiélago, reforzando la presencia nacional de la comercializadora canaria.

Alianza económica, social y energética

El acuerdo combina tres dimensiones: reducción del gasto energético, impulso al consumo de energía renovable y fortalecimiento de la acción social sindical. Para Canaluz, supone consolidar su posicionamiento como comercializadora de origen canario con proyección estatal. Para CSIF, representa una herramienta directa de mejora económica para sus afiliados.

Ambas organizaciones coinciden en que el objetivo es ofrecer estabilidad en el precio de la energía, claridad en la facturación y condiciones preferentes para un colectivo amplio de trabajadores, con un modelo que podría extenderse progresivamente a todo el territorio nacional.