La credibilidad de una administración no depende de cuántos expedientes abre, sino de a quién y cómo los aplica. La ciudadanía acepta normas exigentes cuando percibe igualdad, criterio homogéneo y transparencia. Cuando no es así, se rompe la confianza institucional.
En materias sensibles como el urbanismo, actuar sobre casos aislados sin explicar por qué otros similares no se tratan igual genera sensación de arbitrariedad, con consecuencias claras: recursos, litigios y deterioro de la imagen pública.
También la comunicación importa. Difundir actuaciones no firmes o sin contexto distorsiona el debate y provoca juicios prematuros. Informar es necesario; anticipar conclusiones, no.
La buena administración exige diálogo técnico previo, criterios claros y prudencia. Aplicar la ley no es solo cumplirla, es hacer visible que se cumple para todos por igual.

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