La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, ASCAV, ha presentado en el Parlamento de Canarias 739 manifiestos firmados que evidencian el respaldo del empresariado isleño a sus reclamaciones frente a la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.
Entre los apoyos figuran la CEOE Tenerife, la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Canarias, junto a grandes compañías, pequeños empresarios y centenares de profesionales por cuenta propia.
El principal punto de fricción, sostiene la organización, radica en la exigencia de comunicación previa como actividad clasificada. ASCAV reclama que la vivienda vacacional sea declarada actividad inocua y que queden exentas de ese trámite las viviendas que ya presentaron su declaración responsable antes de la aprobación de la ley.
Argumenta, además, que a los nuevos inmuebles que inicien actividad tras la entrada en vigor no se les impondrá esa obligación, por lo que solicita un trato equivalente.
Por ello, desde ASCAV, advierten de que la norma, aprobada sin el respaldo de los operadores implicados, ha provocado malestar, división y un clima de confrontación social que, a su juicio, alimenta la crispación hacia la actividad turística en el archipiélago.
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