La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha advertido de que la nueva orden estatal sobre el registro único de arrendamientos puede dejar fuera de las plataformas a miles de propietarios si no completan el trámite antes del 2 de marzo.
La orden VAU 1560/2025 obliga a notificar de nuevo los alquileres formalizados en 2025 y, en caso de incumplimiento, prevé la baja automática y el pago de un nuevo coste para reactivar la vivienda. Según los datos trasladados por el Ministerio de Industria y Turismo, de los 415.000 números de registro que operan en plataformas, solo 27.700 han logrado depositar la documentación exigida.
El Ejecutivo autonómico considera que el plazo resulta insuficiente y alerta del impacto que la medida tendrá en especial en las islas verdes, donde numerosos titulares podrían quedar excluidos del mercado pese a cumplir la normativa canaria.
La consejera Jéssica de León ha solicitado al ministro Jordi Hereu y a la secretaria de Estado Rosario Sánchez la derogación del registro único, al entender que se trata de un instrumento ineficaz que invade competencias autonómicas, duplica registros y genera inseguridad jurídica.
“Lo que para Canarias es legal, para los ministerios no lo es. Ni la comunidad puede dar de baja en su registro turístico ni el Estado permite comercializar”, sostuvo de León tras la Conferencia Sectorial celebrada en Madrid.
Canarias ha recurrido el Real Decreto ante el Tribunal Supremo al considerar que provoca indefensión y se aparta del Reglamento Europeo, que resulta de aplicación directa. Además, la consejera recordó que la Comisión Europea ha mostrado reparos a la norma estatal y subrayó que la obligación de inscribir las viviendas contradice la Ley Hipotecaria, que no impone ese trámite.
El Gobierno autonómico también señaló que la comunidad no ha podido conectarse a la ventanilla única digital por problemas técnicos del sistema estatal, lo que agrava la situación de los propietarios.








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