El Gobierno de Canarias impulsa la aprobación del nuevo decreto que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y el sistema de adjudicación de inmuebles públicos, con el objetivo de introducir un modelo más equitativo, transparente y ajustado a la realidad social del archipiélago.
En el Parlamento de Canarias, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, defendió que la norma supone “un cambio jurídico de fondo” y transforma el registro en una herramienta de planificación efectiva, superando su carácter meramente formal.
El texto incorpora el arraigo como eje estructural del sistema y exige un mínimo de cuatro años de vecindad administrativa para la inscripción, además de acreditar diez años de residencia ininterrumpida en Canarias para optar a la adjudicación. También obliga a demostrar vinculación real con el municipio donde se ubique la promoción, con el fin de priorizar a la población asentada en el territorio.
El nuevo modelo elimina el sorteo como fórmula de reparto y lo sustituye por un procedimiento reglado de baremación sustentado en criterios objetivos relacionados con la situación económica, social y familiar de los solicitantes.
Según el consejero, este enfoque refuerza la justicia social, la seguridad jurídica y la transparencia en el acceso a la vivienda protegida.
Asimismo, el decreto amplía los cupos de reserva para colectivos prioritarios, incrementando el porcentaje destinado a jóvenes, mayores, personas con limitaciones funcionales y víctimas de violencia de género, con la intención de consolidar el carácter social del parque público.
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