El Gobierno de Canarias ha aprobado la remisión al Parlamento autonómico de la Comunicación del llamado Decreto Canarias con el objetivo de abrir cuanto antes la negociación con el Estado sobre los compromisos pendientes con el archipiélago.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pidió el respaldo de partidos políticos, administraciones, empresarios y sindicatos para reclamar “con una sola voz” un real decreto ley que dé cumplimiento a acuerdos recogidos en el Estatuto de Autonomía, la Agenda Canaria y los Presupuestos Generales del Estado de 2023.
Tras el Consejo de Gobierno, Clavijo afirmó que Canarias “no puede seguir esperando” y defendió la necesidad de un decreto ley que permita activar recursos destinados a servicios públicos esenciales, políticas sociales y actuaciones frente a retos como la vivienda, la conectividad o la despoblación en las islas verdes.
La Comunicación incluye más de 50 medidas que, según el Ejecutivo autonómico, responden a compromisos ya adquiridos por el Estado. El presidente recalcó que no se trata de privilegios, sino del cumplimiento de acuerdos previamente aprobados.
Clavijo anunció que solicitará una reunión con la vicepresidenta primera del Gobierno de España una vez el texto sea debatido y aprobado por el Parlamento de Canarias, previsiblemente en el pleno del día 24. Defendió que la propuesta cuenta con respaldo suficiente para su convalidación en el Congreso.
El documento plantea medidas sociales y económicas como la continuidad de la gratuidad del transporte público terrestre, inversiones en vivienda protegida, empleo, educación, dependencia y sanidad, además de fondos para la reconstrucción de La Palma y actuaciones en infraestructuras, costas y carreteras.
El Ejecutivo autonómico reclama también la financiación estatal de plazas de la Policía Canaria y avances en el traspaso de competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía.
El presidente subrayó la importancia de que el texto llegue a la negociación con el aval del Parlamento y del conjunto de la sociedad canaria, tras recordar el apoyo expresado por cabildos y ayuntamientos y el debate previsto con agentes sociales en el Consejo Asesor del Presidente.
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